La Corte podría anular la nueva ley de ciencia en México por "cuestiones ideológicas"
20:39 GMT 27.11.2023 (actualizado: 09:20 GMT 28.11.2023)
© Foto : Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)
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La nueva Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación —que pretende impulsar el desarrollo de la ciencia en México— está en riesgo de ser anulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde las perspectivas no dan cabida al optimismo, indicaron académicos y funcionarios consultados por Sputnik.
"La prospectiva es pesimista", dijo el maestro Federico Anaya, uno de los principales impulsores de la ley, y profesor en la UNAM con estudios de doctorado en la Universidad de Georgetown.
"La mayoría de la Suprema Corte puede invalidar la ley y no por una buena razón, sino por cuestiones ideológicas, que es una cosa triste", afirmó el también especialista en filosofía del derecho.
La nueva ley general entró en vigor el 8 de mayo pasado, pero la oposición en el Senado interpuso al menos dos acciones de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal del país, donde se espera que sea revisada en las próximas semanas.
Ajedrez en la Corte
Encabezados por el senador panista, Juan Carlos Romero Hicks, los legisladores de oposición argumentan en sus acciones de inconstitucionalidad que la nueva ley no fue suficientemente discutida violando el principio de "deliberación democrática", además de señalar que la norma discrimina e infringe los derechos de investigadores de centros de estudios del sector privado, al dejarlos fuera de los apoyos económicos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), entre otros argumentos.
Anaya y otros investigadores han advertido que es muy probable que los ministros de la Corte no debatan el fondo de la nueva ley y, en cambio, solo se centren en el argumento de las presuntas irregularidades en el proceso de creación de la normativa para anularla, como han hecho ya en el pasado con otras normas impulsadas por el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, como la ley de procedimientos electorales que invalidaron a mediados de este año.
"Ahora tienen el pretexto formal de la deliberación democrática y, seguramente, van a encontrar defectos de forma para invalidarla", dice Anaya.
Los 11 integrantes de la SCJN de México. El ministro Arturo Zaldívar (extrema izq) renunció a inicios de noviembre.
© SCJN
Para anular la ley, se necesitará que 8 de los 11 ministros de la Corte voten a favor de un proyecto que considere que la dicha legislación es inconstitucional, explicó el director jurídico del ahora Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología (Conahcyt), Raymundo Espinoza, cuyo trabajo fue fundamental en la elaboración de la nueva normativa.
Espinoza confía en los votos a favor de la ley de las ministras Yazmín Esquivel, Loretta Ortiz y de la nueva integrante que suplirá a Arturo Zaldívar, quien presentó su renuncia a inicios de este mes y fue aceptada por el Senado el 15 de noviembre. "Es un volado", dijo Espinoza, quien no pierde la esperanza en que la constitucionalidad de la nueva ley sea respaldada por al menos uno de los ocho ministros restantes.
Es verdad que solo se realizaron dos de los siete foros de parlamentos abiertos que estaban programados en el Congreso para debatir la nueva norma en abril de este año, concede el profesor Anaya, pero tanto él como el director jurídico del Conahcyt coinciden en que la legislación ya había sido ampliamente discutida por académicos e investigadores y todos los sectores implicados durante cuatro años previos a su promulgación en mayo pasado en foros, encuentros y otros espacios académicos, incluso como ningún otro proyecto de ley en esta Administración de López Obrador.
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Conceptos como el del 'Consejo de Estado', por ejemplo, quedaron fuera después de estos debates, comparte Anaya.
No obstante, acota el maestro, es muy posible que la Corte tome una decisión ideológica, basada en su confrontación con el presidente López Obrador.
"La Corte está jugando al derecho; entonces, una cosa que antes no le preocupaba tanto —el procedimiento de deliberación democrática en el Parlamento— ahora sí le interesa porque el Parlamento está dominado por una ideología de izquierda, entonces ahora hay que detener con ese pretexto", observa Anaya.
Para el director jurídico del Conahcyt, uno de los asuntos más preocupantes es que una eventual anulación de la ley por parte de la Corte tendría una serie de implicaciones técnicas y prácticas muy complicadas porque ya se generaron un cúmulo de derechos y obligaciones desde que entró en vigor en mayo pasado.
En estos meses, se adecuaron decenas de reglamentos, manuales de operación y lineamientos acordes con la nueva ley que implican derechos para personas que son beneficiarios del Conahcyt, ya sea mediante proyectos, becas, estímulos del Sistema Nacional de Investigadores y otros, explica Espinoza.
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"Con base en la ley ya se han generado también obligaciones para el Consejo y otras autoridades como los Centros Públicos de Investigación; incluso para las universidades y demás que participan con nosotros y se han generado derechos que son manifestaciones de derechos humanos como el derecho a la educación o el derecho a la ciencia", dice.
"Entonces, la Corte lo que tendría que hacer en ese caso es declarar la subsistencia de todos esos actos de autoridad y de esos derechos que se han creado porque, si no, ella misma anularía derechos humanos y es algo que no veo haciendo a la Corte", detalla Espinoza.
Para el director jurídico, la disyuntiva que tiene la Corte es muy clara: votar a favor de una ciencia neoliberal que sea considerada como mercancía o votar a favor de una ciencia interpretada como un derecho humano.
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El desarrollo de la ciencia, antes y ahora
Anaya y Espinoza coinciden en que la nueva ley era necesaria ante los vacíos de la legislación anterior sobre la materia, cuya ambigüedad fue aprovechada por los Gobiernos pasados para transferir cientos de miles de pesos de recursos públicos a empresas privadas.
"La ley anterior permitía la privatización de recursos públicos para beneficio exclusivo de empresas privadas; eso en términos ideológicos —los Gobiernos desde 2000 hasta 2018 fueron de derecha— parece razonable, que ellos promuevan a la empresa privada, pero el problema es que la ley no decía exactamente eso, sino que era una interpretación administrativa", afirma el maestro Anaya.
El Conahcyt calcula que, entre 2001 y 2018, fueron transferidos 45.000 millones de pesos de recursos públicos a compañías privadas para el desarrollo de investigación científica que no necesariamente resultó en un beneficio para el país.
"Era una ley encaminada con una idea de la ciencia y la tecnología no como un derecho, sino como mercancía y como factor para dinamitar el crecimiento económico", señala Espinoza.
De acuerdo con el funcionario, el mecanismo que tenían para transferir los recursos a entidades privadas era a través de decenas de fideicomisos opacos y al margen de cualquier tipo de control. "Toda esa ley giraba en torno a los fideicomisos", dice el funcionario.
Según el abogado, el Consejo contaba con 91 fideicomisos —más que cualquier otra institución del Estado mexicano— con aproximadamente 35.000 millones de pesos que se manejaban con reglas particulares distintas a las que se tienen cuando se ejercen recursos públicos del presupuesto de la Federación.
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"Ellos podían tener congelado el recurso, lo podían tener guardado y lo sacaban de la esfera del gasto anual del presupuesto, lo mandaban a un fideicomiso que tenían en un banco y ahí podían permanecer todos los años que quisieran. Eso iba generando intereses y lo podían manejar a su gusto según reglas mucho más flexibles", explica el funcionario.
En el extremo de esta política se dio dinero público a empresas como Kimberly Clark (36 millones de pesos) para investigaciones sobre tecnología en pañales o papel de baño, o a otra empresa para investigar formas de mejorar el sabor de la salsa para pizzas. Fueron transferidos millones del erario a la empresa Nissan, por ejemplo, para crear nuevos colores para sus automóviles, o incluso para mejorar el procedimiento de preparación de la barbacoa en el estado de Hidalgo.
"En un país como México, ¿esto es una prioridad nacional? No, es obvio", concluye Anaya, quien destaca que la nueva ley ordena discutir el mayor beneficio para todos.
El rezago y los primeros cambios
Independientemente del dinero transferido a particulares, los indicadores en México sobre producción científica también colocaban al país por debajo no solo de países desarrollados, sino también de naciones con índices de desarrollo similares en América Latina.
De acuerdo con datos del Banco Mundial, México tenía en 2020 a 349 investigadores por cada millón de habitantes, una cifra 36 veces más baja que la de Corea del Sur, por ejemplo, que tenía en el mismo año 8.714 investigadores por millón de habitantes; u ocho veces menor que la de Rusia, con 2.722 investigadores por cada millón.
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Argentina, por ejemplo, tenía en 2020 1.237 personas dedicadas a la investigación y desarrollo por cada millón de habitantes, casi cuatro veces más que México, y Brasil contaba con 888 investigadores, el doble que este país hispanohablante. En este sentido, Estados Unidos tenía 4.821 investigadores por millón de personas en 2020, 14 veces más que México.
En cuanto a publicaciones científicas por millón de habitantes, México registró 184 publicaciones en 2019, por debajo de Chile (633), Uruguay (465), Brasil (352), Argentina (274), Ecuador (215) y Costa Rica (209), de acuerdo con el Reporte de Ciencia de la Unesco publicado en 2021.
Según Espinoza, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley en mayo comenzaron a cambiar las cosas. Por ejemplo, las becas para posgrado pasaron de 84.547 en 2018 a 90.000 en 2023, un aumento de 6,4%. Además, el número de integrantes en el Sistema Nacional de Investigadores pasó de 28.633 en 2018 a 41.330 en 2023, un aumento de 44%.
Además, dice Espinoza, el presupuesto para el ramo 212 —que abarca todas las áreas de ciencia y tecnología— pasó de 76.766 millones de pesos en 2018 a 108.487 millones, un incremento de 41%. Y también hubo aumentos en los presupuestos del propio Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología (Conahcyt), de las becas para posgrados y del Sistema Nacional de Investigadores (SNI).
La nueva ley: inclusión y diversidad
Para Anaya, uno de los avances de la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación es que es una legislación más democrática. Señala que para definir la política en ciencias, humanidades y tecnologías se tiene que convocar a todos los sectores de la sociedad, incluyendo a los estados, las regiones y a los pueblos originarios.
"Eso no es nada más una posición ideológica de las izquierdas que desean incluir, es una cuestión práctica. Ahí hay conocimiento que tiene que también meterse en el proceso nacional", afirma.
Además, dice, la nueva ley incluye el concepto de propiedad social porque interesa que haya políticas públicas que nazcan de las necesidades de la población campesina, que está trabajando en el agro y que nazcan de las necesidades reales, por ejemplo, de obreros que están organizados en la industria de manera cooperativa.
"Son voces que antes no estaban previstas y ahora están presentes", asegura Anaya.
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Orden en el gremio de investigadores
En cuanto a los cambios en el SNI, que nació como un subsidio para compensar los salarios de los académicos dedicados a la investigación, Anaya explica que la nueva ley unifica criterios y define conceptos del mundo de la vida académica que antes no existían y que pueden ser tan sencillas, como qué es un crédito, cuántas horas debe durar un curso, qué es un doctorado o qué tipo de actividades tienen que realizar para recibir el subsidio, entre otras.
"Es un paso adelante para que haya un marco único nacional de organización de la investigación", afirma, argumentando que, aunque algunos de estos centros públicos de investigación son muy pequeños, de cualquier modo son muy prestigiosos a nivel regional y mundial, como el Colegio de México (Colmex), que podría servir como ejemplo.
Porcentaje del PIB o progresividad
Uno de los cuestionamientos a esta nueva ley es que no incluye una cuota fija de recursos que el Estado debe destinar a la investigación científica. En cambio, la ley anterior sí lo establecía, ya que ordenaba que el 1% del PIB tenía que ser destinado a la investigación científica.
En ese sentido, Anaya explica que este concepto abarcaba no solo los fondos destinados por el Gobierno, sino también por el sector privado, es decir, era un porcentaje no del presupuesto sino de la economía nacional. Por esa razón, asegura el experto, podría decirse que el sector privado no cumplió.
"Cuando se evaluaron los 20 años de administración de esta ley se descubrió que el sector privado en México no invirtió; de hecho, invirtió menos de lo que venía invirtiendo antes", observa.
Por ello, explica, se decidió incluir un principio de progresividad; es decir, que el presupuesto destinado a la investigación científica no puede ser menor al del año anterior, aunque el presupuesto queda sujeto a disponibilidad y podría modificarse cada año.
Aunque algunos académicos han calificado a la nueva ley como una "catástrofe", en caso de que la Corte eche abajo la legislación tampoco implica que las cosas regresarán a como se hacían en los gobiernos anteriores ni que se vuelvan a realizar supuestas transferencias millonarias a las grandes empresas trasnacionales. Simplemente se seguirán aplicando las políticas que se iniciaron desde diciembre de 2018, cuando comenzó la Administración de López Obrador, asevera Anaya.
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