Bolivia busca parar explotación de indígenas y proteger a pueblos no contactados
Bolivia busca parar explotación de indígenas y proteger a pueblos no contactados
Sputnik Mundo
SANTA CRUZ (Sputnik) — El Gobierno boliviano reglamentó finalmente la Ley 450 de Protección de Naciones y Pueblos Indígenas después de 10 años de su... 09.09.2022, Sputnik Mundo
El caso reciente de la comunidad guaraní Tunitas, que vivía en condiciones de servidumbre en una propiedad agrícola en Santa Cruz (este) y el acercamiento a indígenas no contactados como los Toromona en el departamento de Beni, región fronteriza con Brasil, encendieron las alarmas de las autoridades."Vemos una invasión del espacio territorial de los indígenas por diferentes motivos, como empresariales, [o] exploración de recursos naturales como gas y madera", denunció el presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas del Senado, Rodrigo Paz, en entrevista con la Agencia Sputnik.La autoridad legislativa dijo que están recibiendo quejas y atendiendo denuncias para actuar ante la falta de aplicación de las leyes en protección de los pueblos nativos.El líder indígena y coordinador general del Parlamento de Naciones y Pueblos Indígenas de Bolivia, Marcial Fabricano, conversó con la Agencia Sputnik y responsabilizó al Estado de la situación de olvido y desprotección en el que viven actualmente."No es ningún descubrimiento [el caso de la comunidad Tunitas y Toromona]; la condición de servidumbre en la que viven muchos indígenas continúa hoy y hasta me atrevo a decir que, en las propias instituciones del Estado, hay trabajadores que no reciben ningún beneficio social. Encontraron mecanismos para burlar la ley y no otorgar beneficios sociales a trabajadores indígenas. En otras palabras, el Estado es el primer explotador de la fuerza ¿Imagínese como será en las comunidades alejadas?", denunció.En su opinión, el Gobierno es el principal responsable y debe hacer cumplir las leyes que garantizan los derechos de los pueblos aborígenes en el país.ServidumbreEl primer caso se trata de la comunidad indígena guaraní Tunitas, cuyos miembros vivían en condiciones de servidumbre desde hace muchos años en la provincia de Charagua, en el departamento de Santa Cruz."Tenemos familias que están prácticamente en situación de servidumbre, no voy a decir esclavitud, pero sí de servidumbre porque no se les paga, están trabajando forzadamente. Hay un territorio en el que trabajan sin ningún reconocimiento. Ese tipo de situaciones con los pueblos indígenas tienen que ser identificados y denunciados", reveló el ministro de Justicia, Iván Lima, el jueves en conferencia de prensa.El otro caso involucra a los indígenas Toromona, un pueblo no contactado hasta hace poco, cuando personal del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) lo divisó mientras realizaba mediciones en el bosque de Beni, en la Amazonia boliviana, frontera con Brasil, para limitar el territorio del pueblo indígena Tacana 2."Un pueblo no contactado, que no ha tenido contacto con la civilización occidental, o lo que conocemos como civilización, el pueblo Toromona, que fue objeto de avistamiento a partir de trabajos de sísmica que hizo el INRA", relató.En total suman 36 pueblos indígenas en Bolivia, reconocidos por la Constitución de 2009, que habitan en los Andes, mayoritariamente los de habla quechua (49,5%) y aymara (40,6%). Mientras que en las Tierras Bajas, en la frontera con Brasil y Paraguay, la mayoría son los chiquitanos (3,6%), seguido de los guaraníes (2,5%) y moxeños (1,4%).El 41 por ciento de la población boliviana mayor de 15 años es de origen indígena, según el Censo Nacional de 2012.ProtecciónAnte esta dramática situación, el Gobierno boliviano reglamentó la Ley 450 para implementar un mecanismo de protección para los pueblos indígenas de Bolivia."Se toma la determinación de creación de una Dirección de Protección de Naciones y Pueblos Originarios, que estará dentro de la estructura del Viceministerio de Justicia Originaria del Ministerio de Justicia. Esta institución empezará a atender las quejas y reclamos", manifestó.También se puso en marcha un Comité de Protección de Pueblos Indígenas de alta vulnerabilidad, conformado por varios ministerios como Educación, Salud, Justicia y Culturas, para proveer educación, salud y protección especial a pueblos como el Uru Chipaya en Oruro (oeste).
SANTA CRUZ (Sputnik) — El Gobierno boliviano reglamentó finalmente la Ley 450 de Protección de Naciones y Pueblos Indígenas después de 10 años de su promulgación, con la finalidad de detener la explotación de indígenas y también proteger a los pueblos no contactados de peligros propiciados por la minería y la industria maderera en la Amazonia.
El caso reciente de la comunidad guaraní Tunitas, que vivía en condiciones de servidumbre en una propiedad agrícola en Santa Cruz (este) y el acercamiento a indígenas no contactados como los Toromona en el departamento de Beni, región fronteriza con Brasil, encendieron las alarmas de las autoridades.
"Vemos una invasión del espacio territorial de los indígenas por diferentes motivos, como empresariales, [o] exploración de recursos naturales como gas y madera", denunció el presidente de la Comisión de Naciones y Pueblos Indígenas del Senado, Rodrigo Paz, en entrevista con la Agencia Sputnik.
La autoridad legislativa dijo que están recibiendo quejas y atendiendo denuncias para actuar ante la falta de aplicación de las leyes en protección de los pueblos nativos.
"Los derechos de los indígenas están siendo violentados por diferentes instancias y motivos. Por ejemplo, podemos verlo en el parque nacional Madidi, en la región noroeste de La Paz, con la explotación del oro y en el este de Bolivia con la producción agrícola", argumentó.
El líder indígena y coordinador general del Parlamento de Naciones y Pueblos Indígenas de Bolivia, Marcial Fabricano, conversó con la Agencia Sputnik y responsabilizó al Estado de la situación de olvido y desprotección en el que viven actualmente.
"No es ningún descubrimiento [el caso de la comunidad Tunitas y Toromona]; la condición de servidumbre en la que viven muchos indígenas continúa hoy y hasta me atrevo a decir que, en las propias instituciones del Estado, hay trabajadores que no reciben ningún beneficio social. Encontraron mecanismos para burlar la ley y no otorgar beneficios sociales a trabajadores indígenas. En otras palabras, el Estado es el primer explotador de la fuerza ¿Imagínese como será en las comunidades alejadas?", denunció.
En su opinión, el Gobierno es el principal responsable y debe hacer cumplir las leyes que garantizan los derechos de los pueblos aborígenes en el país.
"El mayor desafío de los pueblos indígenas es nuestra libre determinación, que toda la estructura de Estado nos deje vivir en paz en nuestro territorio. Estamos organizados e institucionalizados a través del Parlamento de naciones indígenas de la Amazonia, Oriente y Chaco", defendió.
Servidumbre
El primer caso se trata de la comunidad indígena guaraní Tunitas, cuyos miembros vivían en condiciones de servidumbre desde hace muchos años en la provincia de Charagua, en el departamento de Santa Cruz.
"Tenemos familias que están prácticamente en situación de servidumbre, no voy a decir esclavitud, pero sí de servidumbre porque no se les paga, están trabajando forzadamente. Hay un territorio en el que trabajan sin ningún reconocimiento. Ese tipo de situaciones con los pueblos indígenas tienen que ser identificados y denunciados", reveló el ministro de Justicia, Iván Lima, el jueves en conferencia de prensa.
El otro caso involucra a los indígenas Toromona, un pueblo no contactado hasta hace poco, cuando personal del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) lo divisó mientras realizaba mediciones en el bosque de Beni, en la Amazonia boliviana, frontera con Brasil, para limitar el territorio del pueblo indígena Tacana 2.
"Un pueblo no contactado, que no ha tenido contacto con la civilización occidental, o lo que conocemos como civilización, el pueblo Toromona, que fue objeto de avistamiento a partir de trabajos de sísmica que hizo el INRA", relató.
En total suman 36 pueblos indígenas en Bolivia, reconocidos por la Constitución de 2009, que habitan en los Andes, mayoritariamente los de habla quechua (49,5%) y aymara (40,6%). Mientras que en las Tierras Bajas, en la frontera con Brasil y Paraguay, la mayoría son los chiquitanos (3,6%), seguido de los guaraníes (2,5%) y moxeños (1,4%).
El 41 por ciento de la población boliviana mayor de 15 años es de origen indígena, según el Censo Nacional de 2012.
Protección
Ante esta dramática situación, el Gobierno boliviano reglamentó la Ley 450 para implementar un mecanismo de protección para los pueblos indígenas de Bolivia.
"Se toma la determinación de creación de una Dirección de Protección de Naciones y Pueblos Originarios, que estará dentro de la estructura del Viceministerio de Justicia Originaria del Ministerio de Justicia. Esta institución empezará a atender las quejas y reclamos", manifestó.
También se puso en marcha un Comité de Protección de Pueblos Indígenas de alta vulnerabilidad, conformado por varios ministerios como Educación, Salud, Justicia y Culturas, para proveer educación, salud y protección especial a pueblos como el Uru Chipaya en Oruro (oeste).
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