BUENOS AIRES (Sputnik) — A raíz de un cuestionamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los planes sociales que brinda el Estado argentino... 28.06.2022, Sputnik Mundo
Varios días dura ya el escrutinio mediático y político, en un país donde están sin registrar casi ocho de los 20,4 millones de trabajadores que se desempeñan en alguna actividad."Hay algo que va a haber que revisar, porque con esa desocupación del 7% deberíamos tener menos planes sociales", dijo la exmandataria (2007-2015) durante un acto el 20 de junio, Día de la Bandera, al esbozar una crítica que se leyó como un nuevo dardo al presidente, Alberto Fernández. "Es el Estado el que debe tener el monopolio", añadió al cuestionar su "tercerización" y sostener que eso no era peronismo.El sociólogo Alexandre Roig, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) del Ministerio de Desarrollo Productivo, advierte a la Agencia Sputnik del marco reduccionista que ha fijado el debate.Esta perspectiva pone al descubierto un "problema estructural del valor del trabajo y la producción atados a un capitalismo financiero que orienta todas las ganancias a la renta financiera".Por eso el académico, de origen francés, atribuye a los dichos de la vicepresidenta "una intencionalidad de orientar el debate hacia ahí, ya que lo que está en discusión son las relaciones de poder".Cristina Fernández de Kirchner "piensa en la acumulación política en términos de una relación directa entre la jefatura y el pueblo", lo que excluye a organizaciones sociales, gremiales y empresariales que no entran en ese esquema, afirma el presidente del INAES.El presidente argentino, en cambio, apuesta por una gestión en la que los gobernantes "tienen que estar articulados a procesos de participación social que hacen a la sociedad más democrática, lo que implica a representantes y expresiones de su sociedad en su conjunto", profundiza Roig.Son divergencias que exponen distintas maneras de entender la gestión de un país y que tensionan la coalición gobernante, pero el presidente del INAES agradece que estas discusiones de fondo salgan a flote.Gran parte de la vida productiva y social de Argentina se articula a través de sus 2.200 municipios y 4.700 barrios populares. En pos de avanzar hacia una nueva institucionalidad del trabajo, el Ejecutivo creó un Registro de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) que contempla ocho ramas de actividades.A juicio de Roig, contribuiría en este proceso un régimen fiscal adaptados a la realidad de la pequeña producción, un sistema de crédito más abarcativo, una reestructuración de los sistemas comerciales, como el de la producción de alimentos, y un fortalecimiento de "formas jurídicas que garanticen el trabajo cooperativo".Para no enfrentar una crisis de representación política, el funcionario sugiere también una reforma de las reglas políticas actuales y de la Constitución de 1994, constituida durante el Gobierno neoliberal de Carlos Menem (1989-1999).Organizaciones sociales opinanCon los dichos de Fernández de Kirchner, los ojos se volvieron puntualmente sobre el Movimiento Evita y Barrios de Pie, movimientos sociales con gran implantación territorial que por primera vez en su historia entraron a finales de 2019 al Gobierno para administrar parte de esos planes desde el Ministerio de Desarrollo Social."Las organizaciones sociales no disputan competencias con el Estado", plantea a la Agencia Sputnik el diputado nacional Leonardo Grosso, referente nacional del Movimiento Evita, al que también pertenece Roig. "Surgieron en los años 90 y crecieron ante la falta de Estado, que no da abasto y no llega al fondo de los barrios populares".Ante un Estado insuficiente y una sociedad complejizada, los Estados provinciales y municipales han sido incapaces de resolver los problemas de estos sectores.En este escenario, "los planes son, en la concepción legislativa, un salario social complementario que reconoce una desigualdad instituida por la lógica de acumulación que tiene que ver con la concentración de capital", sostiene el dirigente del Movimiento Evita.Grosso cuestiona un capitalismo "que produce 20 veces más que hace 40 años, pero con una tercera parte de la mano de obra que necesita".Para ser coherente con esa premisa, su agrupación quiere discutir sobre pobreza, situación que oprime a 11 millones de personas, "más que todos los empleos del sector privado, que son 6,2 millones de personas, más que los 3 millones empleados por distintos estamentos del Estado, y más que los 7 millones de jubilados que hay", enumera el diputado oficialista.Por más que haya 7% de desocupación, el problema que arrastra Argentina es el 35,9% de personas que se encuentra en la informalidad, precariedad que aumentó 2,6 puntos porcentuales en el último trimestre, según cifras oficiales.Aunque cree que no será suficiente, el diputado respalda la constitución de un Salario Básico Universal, herramienta alentada por la vicepresidenta.Un cambio de mayor calado también requeriría la creación de un monotributo productivo, según plantea un proyecto de ley del Gobierno, con el que trabajadores informales puedan facturar y acceder a acceder a derechos como jubilación y cobertura de salud, además de un sistema de crédito no bancario para que puedan financiarse y sortear las altísimas tasas de interés que lastran la posibilidad de expansión.
BUENOS AIRES (Sputnik) — A raíz de un cuestionamiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los planes sociales que brinda el Estado argentino han sido analizados del derecho y del revés.
Varios días dura ya el escrutinio mediático y político, en un país donde están sin registrar casi ocho de los 20,4 millones de trabajadores que se desempeñan en alguna actividad.
"Hay algo que va a haber que revisar, porque con esa desocupación del 7% deberíamos tener menos planes sociales", dijo la exmandataria (2007-2015) durante un acto el 20 de junio, Día de la Bandera, al esbozar una crítica que se leyó como un nuevo dardo al presidente, Alberto Fernández. "Es el Estado el que debe tener el monopolio", añadió al cuestionar su "tercerización" y sostener que eso no era peronismo.
El sociólogo Alexandre Roig, presidente del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) del Ministerio de Desarrollo Productivo, advierte a la Agencia Sputnik del marco reduccionista que ha fijado el debate.
"Toda la sociedad discute sobre los planes sociales, que cubren 5% de la fuerza de trabajo, cuando tenemos cerca de 10 millones de trabajadores informales de los que no se habla, y empleados formales que se hallan por debajo de la línea de pobreza", contextualiza.
Esta perspectiva pone al descubierto un "problema estructural del valor del trabajo y la producción atados a un capitalismo financiero que orienta todas las ganancias a la renta financiera".
Por eso el académico, de origen francés, atribuye a los dichos de la vicepresidenta "una intencionalidad de orientar el debate hacia ahí, ya que lo que está en discusión son las relaciones de poder".
Cristina Fernández de Kirchner "piensa en la acumulación política en términos de una relación directa entre la jefatura y el pueblo", lo que excluye a organizaciones sociales, gremiales y empresariales que no entran en ese esquema, afirma el presidente del INAES.
El presidente argentino, en cambio, apuesta por una gestión en la que los gobernantes "tienen que estar articulados a procesos de participación social que hacen a la sociedad más democrática, lo que implica a representantes y expresiones de su sociedad en su conjunto", profundiza Roig.
Son divergencias que exponen distintas maneras de entender la gestión de un país y que tensionan la coalición gobernante, pero el presidente del INAES agradece que estas discusiones de fondo salgan a flote.
Gran parte de la vida productiva y social de Argentina se articula a través de sus 2.200 municipios y 4.700 barrios populares. En pos de avanzar hacia una nueva institucionalidad del trabajo, el Ejecutivo creó un Registro de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep) que contempla ocho ramas de actividades.
A juicio de Roig, contribuiría en este proceso un régimen fiscal adaptados a la realidad de la pequeña producción, un sistema de crédito más abarcativo, una reestructuración de los sistemas comerciales, como el de la producción de alimentos, y un fortalecimiento de "formas jurídicas que garanticen el trabajo cooperativo".
Para no enfrentar una crisis de representación política, el funcionario sugiere también una reforma de las reglas políticas actuales y de la Constitución de 1994, constituida durante el Gobierno neoliberal de Carlos Menem (1989-1999).
Organizaciones sociales opinan
Con los dichos de Fernández de Kirchner, los ojos se volvieron puntualmente sobre el Movimiento Evita y Barrios de Pie, movimientos sociales con gran implantación territorial que por primera vez en su historia entraron a finales de 2019 al Gobierno para administrar parte de esos planes desde el Ministerio de Desarrollo Social.
"Las organizaciones sociales no disputan competencias con el Estado", plantea a la Agencia Sputnik el diputado nacional Leonardo Grosso, referente nacional del Movimiento Evita, al que también pertenece Roig. "Surgieron en los años 90 y crecieron ante la falta de Estado, que no da abasto y no llega al fondo de los barrios populares".
Ante un Estado insuficiente y una sociedad complejizada, los Estados provinciales y municipales han sido incapaces de resolver los problemas de estos sectores.
En este escenario, "los planes son, en la concepción legislativa, un salario social complementario que reconoce una desigualdad instituida por la lógica de acumulación que tiene que ver con la concentración de capital", sostiene el dirigente del Movimiento Evita.
Grosso cuestiona un capitalismo "que produce 20 veces más que hace 40 años, pero con una tercera parte de la mano de obra que necesita".
Para ser coherente con esa premisa, su agrupación quiere discutir sobre pobreza, situación que oprime a 11 millones de personas, "más que todos los empleos del sector privado, que son 6,2 millones de personas, más que los 3 millones empleados por distintos estamentos del Estado, y más que los 7 millones de jubilados que hay", enumera el diputado oficialista.
Por más que haya 7% de desocupación, el problema que arrastra Argentina es el 35,9% de personas que se encuentra en la informalidad, precariedad que aumentó 2,6 puntos porcentuales en el último trimestre, según cifras oficiales.
"La dirigencia tiene ceguera epistémica al pensar en la economía popular", sentencia Grosso. "No lo ve el sector de derecha, que cree que en el capital, las inversiones y las garantías en el sector privado, y no la ven los compañeros peronistas que creen que con la dirección del Estado se desarrollará la economía y que el empleo formal va a abarcar a los 25 millones de personas en edad de trabajar".
Aunque cree que no será suficiente, el diputado respalda la constitución de un Salario Básico Universal, herramienta alentada por la vicepresidenta.
Un cambio de mayor calado también requeriría la creación de un monotributo productivo, según plantea un proyecto de ley del Gobierno, con el que trabajadores informales puedan facturar y acceder a acceder a derechos como jubilación y cobertura de salud, además de un sistema de crédito no bancario para que puedan financiarse y sortear las altísimas tasas de interés que lastran la posibilidad de expansión.
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