Cambio de mando en Asamblea de DDHH de Bolivia enfrenta al oficialismo y la oposición
16:51 GMT 21.12.2021 (actualizado: 16:53 GMT 21.12.2021)
© REUTERS / Matias Delacroix
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LA PAZ (Sputnik) — Un reciente cambio de mando en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) desató fuertes protestas de la oposición conservadora, que acusó al Gobierno de Luis Arce de tratar de controlar a esa institución que entró en crisis desde el golpe de 2019.
"La toma de la APDHB por el Gobierno significaría la desaparición de la única entidad legítima y nacional que defiende los derechos humanos", escribió en Twitter el expresidente Carlos Mesa (2003-2005), rechazando las resoluciones de un reciente congreso nacional de la APDH que designó nuevos dirigentes.
La toma de la APDHB por el gobierno del MAS significaría la desaparición de la única entidad legítima y nacional que hoy defiende los derechos humanos, y la muerte de una de las instituciones más relevantes para la democracia. Bolivia no debe permitir que se consume este crimen.
— Carlos D. Mesa Gisbert (@carlosdmesag) December 20, 2021
El congreso de la semana pasada designó un nuevo presidente, Édgar Salazar, en reemplazo de la veterana activista Amparo Carvajal, quien resultó expulsada de la organización por haberse negado a condenar violaciones de derechos humanos cometidas por el reciente Gobierno transitorio de Jeanine Áñez (2019-2020).
Siete de las nueve organizaciones regionales de la APDHB —incluidas las de La Paz y El Alto— apoyaron la elección de Salazar, quien era el vicepresidente de la Asamblea y emergió como nuevo líder luego de que Carvajal demorara la convocatoria al congreso que estaba pendiente desde 2018, según medios locales.
Gestión polémica
Carvajal, con más de tres décadas de activismo en derechos humanos, se convirtió en centro de polémica cuando llamó a defender a militares y policías acusados de cometer masacres siguiendo órdenes del Gobierno transitorio de Áñez.
Pese al rechazo de miembros de su propio directorio y de la mayoría de las asambleas regionales de derechos Humanos, Carvajal se reafirmó en la defensa de la administración transitoria y se convirtió en los últimos meses en notoria aliada de la expresidenta Áñez, detenida desde marzo por el golpe de 2019.
Con plantones frente a la cárcel donde Áñez está recluida e iniciativas como un encuentro de líderes opositores que condenaron la detención de la expresidenta, Carvajal fue desconocida por las asambleas regionales que usaron el recurso de una "autoconvocatoria" para recomponer la APDH.
16 de diciembre 2021, 22:10 GMT
"Jeanine Áñez se solidariza con Amparo Carvajal, ejemplo de defensa de derechos humanos, dignidad e integridad. ¡¡¡Podrán quitarle la sede a APDHB pero nunca su voz!!!", dijo un mensaje publicado en la cuenta de Twitter de la exgobernante, que consideró a la expulsión de Carvajal de la APDHB como una pérdida para la democracia.
Sigue perdiendo democracia Bolivia cuando el presidente @LuchoXBolivia @LaramaDavid y Evo Morales destruyen instituciones. #JeanineAñez se solidariza con #AmparoCarvajal, ejemplo de defensa de #DDHH, dignidad e integridad. Podrán quitarle la sede a #APDHB pero nunca su VOZ!!!
— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) December 21, 2021
El diputado Alberto Astorga, de la alianza derechista Comunidad Ciudadana, acusó al MAS, en diálogo con reporteros, de "pretender descabezar a la APDHB, tras controlar la Defensoría del Pueblo, para que no exista quién defienda los derechos de la ciudadanía".
Salazar, entretanto, negó ser militante del MAS o aliado del Gobierno como lo señalaron algunos medios, asegurando que su independencia política lo había llevado en el anterior congreso de la APDHB a ser elegido vicepresidente de esa organización.
Anunció en conferencia de prensa que buscará un encuentro con Carvajal para realizar "un traspaso ordenado de gestión", incluyendo el control de la sede del organismo en La Paz.
La independencia de la APDHB "no está en discusión y será defendida", añadió, reiterando que Carvajal fue cuestionada por el movimiento de derechos humanos debido a su apoyo a la expresidenta Áñez y su negativa a condenar las masacres ocurridas en los pueblos de Sacaba y Senkata, en los primeros días de la gestión transitoria.
