La Organización Mundial de la Salud (OMS) aseguró en agosto que dejaba la estrategia de vacunación en manos de cada país, y la disposición del Gobierno de Pedro Sánchez es que, para los españoles, la vacuna sea voluntaria.
Compañías como Moderna, Pfizer y AstraZeneca publicaron recientemente los prometedores resultados de sus proyectos, con altas efectividades que abrieron un túnel de esperanza a nivel mundial y animaron las perspectivas de muchos gobiernos.
Pese a esto, las encuestas entre la población española indican que hay un alto porcentaje de ciudadanos reacio a vacunarse una vez las primeras dosis lleguen al Sistema Nacional de Salud.
La mitad de los españoles desconfía
El sondeo publicado a mediados de noviembre por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de España apunta a que un 47% de la población del país rechaza vacunarse cuando se tenga la vacuna, a partir de enero de acuerdo con las previsiones del Gobierno.
El porcentaje de desconfianza fue creciendo en los últimos barómetros del CIS, en paralelo a los avances de las distintas farmacéuticas que trabajan a contra reloj para tener listos sus proyectos lo antes posible.
En marzo, cuando se comenzó a preguntar a los españoles por la vacunación, el 44% se mostraba partidario frente a un 40% que optaba por el "no".
Pese a esto, el Gobierno descarta por ahora hacer obligatoria la vacunación entre sus ciudadanos, con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y la vicepresidenta Carmen Calo asegurando que una orden de este tipo sería contraproducente.
El Gobierno promete seguridad
España es un país con una "buena tradición de vacunación", dijo Illa durante la presentación de la estrategia de vacunación este 24 de noviembre, por lo que las autoridades prevén que no sea necesario imponer la participación.
El Ejecutivo de Sánchez prevé recibir hasta mayo en torno a 140 millones de dosis para tratar a unas 80 millones de personas, casi el doble que la población del país, que cuenta con 47 millones de habitantes.
España tiene firmados siete contratos con distintas compañías a nivel internacional, y pese a la rapidez con la que se desarrollaron algunos de estos proyectos las autoridades afirman que todas las vacunas que lleguen serán seguras.
"No se va a administrar ninguna vacuna que no haya sido autorizada previamente por los organismos reguladores", aseguró el 23 de noviembre en rueda de prensa la directora de la Agencia Española del Medicamento, María Jesús Lamas.
La directiva garantizó que los procedimientos serán "tan rigurosos" como los de la campaña anual contra la gripe y que España esperará a la evaluación de las agencias reguladoras para comenzar a administrar las dosis.
Convencer antes que obligar
Aunque el Gobierno se inclina de momento por dejar a los ciudadanos que decidan sobre la vacunación, la legislación de Salud Pública de España contempla medidas que permiten hacerla obligatoria y existen precedentes de este tipo de decisiones.
La estrategia aprobada por el Gobierno español este 24 de noviembre incluye el despliegue de un plan de comunicación para informar a la población sobre las opciones para someterse a la inyección de las dosis.
Además del reto logístico que implica un protocolo de vacunación a nivel nacional, el Ministerio de Sanidad tiene por delante el desafío de transmitir a más de la mitad de los españoles confianza en esta herramienta tan esencial para vencer al coronavirus.
La previsión es que 2021 termine con una parte sustancial de los españoles inmunizada. "Esperamos que sea un porcentaje muy alto", aventuró el ministro Illa.
