Siente "rabia e impotencia". Ana Isabel Alberca duda de si, en cualquier caso, su madre seguiría hoy viva, pero se ha quedado en un eterno "¿y si hubieran hecho algo?". Esta madrileña de 49 años y su hermana Alicia, de 44, perdieron el 16 de septiembre a su progenitora después de meses "recibiendo palos". El informe de defunción que les dieron de ella, María Jesús Leal, hablaba de parada cardiorrespiratoria a los 82 años provocada por un carcinoma neuroendocrino en estadio 4.
"No se la tenía que haber abandonado. Porque, independientemente de la pandemia o de la edad, tenía derecho a ser tratada", se queja Alberca a Sputnik. Tiene en la cabeza la cronología de cómo sucedió todo: aquel mencionado 27 de febrero fue la primera consulta de su madre en el centro de salud con "dolores lumbares y de espalda". Volvió el 5 de marzo. Y la radiografía que le pidieron se quedó en suspenso por la epidemia.
"Se la cancelaron y decidimos hacerla en una clínica privada", rememora.
Decidieron ir a la de Carpetana, cerca de donde viven, un barrio al sur de Madrid. Y ya todo empezó a ser telefónico. "Se la vio el doctor y le dio analgésicos. Le dijeron que tenía lumbalgia y artrosis", cuenta. Pero el 15 de marzo, al rato de declararse el estado de alarma, Leal se cayó inconsciente. Al vivir con una hermana dependiente, con un servicio de emergencia, llamó y les acercaron al hospital más próximo, el Gómez Ulla, donde le hicieron un análisis, una radiografía de la cadera dañada y le cosieron una herida en la cabeza: "Nos mandaron a casa por la situación de coronavirus y luego el médico de cabecera dijo que paciencia y reposo".
"Fuimos y volvieron a decir que hacía falta una radiografía. Les contestamos que ya le habían hecho dos y pedimos una resonancia. Que es lo que le vería algo más", rememora. Nada: le hicieron la prueba y le dieron de nuevo la sentencia: bursitis/tendinitis del trocánter y lumbago no especificado, aparte de la artrosis. "Mi madre la preguntó que si no era cáncer, porque ella sabía que ese dolor no era normal. Y le dijo la médica con palabras textuales que veía 'clarísimo' que no era nada". Y 15 días después, en la siguiente visita, insistió en que "parecía mejorar". Siempre sin hacerles la resonancia que tanto solicitaban.
María Jesús Leal ya "casi ni dormía". A esta mujer nacida en Campo de Criptana (Ciudad Real), pero residente muchos años en Madrid se la llevan al pueblo, a ver si se anima. "Estaba apática. Ella, que tenía mucha conversación, no decía nada", cuenta Alberca. El 10 de agosto dan otro paso más. Vuelven al centro privado y pagan por una resonancia. En 48 horas la tienen, con un resultado "muy malo". Les aconsejan que vayan a urgencias. Y lo hacen, porque lo que se ve es grave. La ingresan ese miércoles 12 de agosto y hasta el lunes siguiente (cinco días después) no le hacen un TAC. "Nos dicen que hay metástasis, pero que no saben cuál es el cáncer primario. Luego realizan un TAC cerebral y ven cinco manchas. Al final dan con el carcinoma endocrino e iban a pasarla a paliativos", relata.
Para materializar la denuncia todavía les falta el historial de María Jesús Leal. Pidieron ayuda a la asociación El Defensor del Paciente. Desde allí, Carmen Flores (presidenta desde su fundación, hace 23 años) responde que sus tareas han sido ingentes. Algunos casos han salido a la luz, como el de Sonia Sainz Maza, burgalesa que murió con un cáncer de colon sin llegar a tener una consulta. "Hemos tenido de todo. Incluso personas que se han quedado ciegas al retrasarles la consulta oftalmológica", indica.
"Las consultas telefónicas han puesto en peligro tanto a los pacientes como a los médicos. Y los culpables son las administraciones y el Gobierno Central, porque, como siempre pedimos, se necesitan medios, personal e inversión", argumenta Flores.
Considera la responsable de este colectivo que todo ha sido "una sinrazón". "Gente dependiente que se ha quedado sin tratamiento, enfermedades crónicas, otras que no sabían que tenían…", enumera Flores, que no se atreve a dar una cifra de la gente que ha recurrido a ella, pero calcula que esto conllevará un aumento de las listas de espera en un 40%. "Ahora se dice que falta plantilla médica o de enfermería, pero se les contrató y luego se les despidió. Y, como siempre, esto les va a afectar a los que menos tienen. Porque los que puedan permitírselo irán a un seguro privado".
Tal y como anotan en un informe, el 41,4% de los pacientes vio suspendida o aplazada su rehabilitación durante los primeros meses de la pandemia y el 80% de las personas que participaron en el estudio se encontró con dificultades para poder conseguir medicación durante el estado de alarma. Y el miedo al contagio en los hospitales y centros de salud llevó al 22% de los pacientes a intentar aguantar para no acudir a los centros sanitarios. Como repite Alberca, "ha habido COVID, pero también otras enfermedades. Y tenían derecho a ser tratadas".
