Según explicó el abogado Kalycho Escoffié, aunque la situación es variada, un conjunto de pobladores de la zona histórica de Campeche conformaron el Colectivo Tres barrios, con vecinos de Santa Lucía, la Ermita y Camino real, "a través del cual han estado luchando para no ser desalojadas de las áreas que históricamente han habitado con sus familias", dijo durante el coloquio sobre el derecho a la vivienda en el marco del Tren Maya, organizado por la Asamblea maya Múuch Xínbal.
"No suele hablarse a profundidad de los efectos que pudiese tener este megaproyecto en el derecho a la vivienda, que es parte del conjunto con otros efectos que dibujan la telaraña en torno al proyecto que, aunque se presenta como un tren, no aborda sólo las vías", apuntó Escoffié.
El abogado explicó que el Comité de derechos económicos, culturales y sociales así como la Suprema Corte de la Nación en México, reconoce que el derecho a la vivienda incluye las garantías jurídicas a no ser desalojado y ser abandonado en situación de calle.
Para que se proceda con la acción forzosa, sea el predio propiedad o no de la persona desalojada, debe fundarse en estas tres bases:
- haber un juicio previo que emita una sentencia de desalojo,
- que el desalojo se haga en base a causales previstas en la legislación vigente,
- que los afectados hayan tenido oportunidad de defenderse y acudir para ello a medios legales.
"Vemos que una de las primeras medidas que se anunció desde el principio es el plan de reubicación, el mal llamado 'plan de relocalización' de las personas que habitan sobre el derecho de vía existente", explicó el abogado. "Pero no es que haya casas sobre las vías del tren sino que hay una vía posterior que fue atravesado por zonas residenciales, tanto rurales como urbanas", explicó.
Historia del derecho de vía
El proyecto del Tren Maya que es uno de las inversiones estrella del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador que prevé la construcción de una vía férrea a lo largo de la Península de Yucatán, Campeche, Quintana Roo y Tabasco, aprovechando un derecho de vía preexistente y en funcionamiento, que atraviesa el estado de Campeche y parte del estado de Yucatán.
"Se plantea un mantenimiento de las vías existentes y su ampliación para que pueda servir para este mega-proyecto, que implicaría una nueva maquinaria que va a triplicar la velocidad de carga que usualmente transita por esa zona", apuntó Escoffié.
Aunque el derecho de vía fue trazado a finales del siglo XIX, la construcción efectiva de la misma y su puesto en funcionamiento fueron a mitad del siglo XX. En cambio, los pueblos interferidos por el trazado son más antiguos y en el caso de la ciudad de Campeche, el trazado pasa por tres barrios históricos, con edificios con valor patrimonial reconocido por el Instituto de Antropología e Historia (INAH).
"En San Francisco de Campeche, la vía que va a ser utilizada atraviesa los barrios de Santa Lucía, la Ermita y Camino real, tres barrios históricos de la ciudad, que se encuentran pegados a la ciudad amurallada, que la abrazan", indicó el abogado.
Aunque tanto los habitantes como el Gobierno reconocen que es un peligro latente que las casas convivan con un tren de alta velocidad, señaló el abogado Escoffié, "no están de acuerdo en cómo resolver ese problema".
Mientras los habitantes exigen que se realice un nuevo trazado para el Tren, el Gobierno apunta a la relocalización de habitantes históricos. Escoffié señaló que el Gobierno aún no ha explicitado cuál es el fundamento legal con el que va a fundar legalmente el desalojo de familias que llevan varias generaciones en una zona culturalmente importante para la localidad.