"La pesca es el asunto más complicado de los que nos quedan [por resolver]", ha admitido recientemente el jefe de las negociaciones británicas con la UE, David Frost, ante el parlamento de su país.
Es un asunto realmente espinoso. El Reino Unido está decidido a retomar el control de sus aguas, mientras que la Unión Europea no está dispuesta a ceder a los privilegios de los que ha gozado en las mismas durante las últimas décadas.
Esto es posible gracias a la Política Pesquera Común, cuyas cuotas permiten una explotación proporcionada por parte de los diferentes estados miembros de unas aguas británicas que, por ahora, siguen siendo comunitarias. Pero Londres se ha cansado y aspira a perfilarse como un estado costero independiente una vez se complete su divorcio con la UE.
Esto tendría una ventaja clara para el país: contaría por fin con una zona económica exclusiva de 200 millas náuticas. Eso trae consigo una reducción del volumen de buques que acceden a esas aguas, y, a su vez, una mayor cuota de pesca para los navíos con bandera británica. El lado menos positivo es que, pase lo que pase, la UE sigue siendo el principal mercado de exportación del Reino Unido.
Uno de ellos es Francia, especialmente reacia a hacer concesiones al Reino Unido en detrimento de sus intereses pesqueros. Según decía a Le Monde Clement Beaune, el secretario de Estado francés para Asuntos Europeos, "un acuerdo debe respetar nuestras condiciones, se trate de pesca, términos de competición o gobernanza".
Por su parte, Irlanda teme que la reducción de acceso de embarcaciones europeas a aguas del Reino Unido se traduzca en una mayor explotación de aguas irlandesas.
En algunos casos las posiciones que toman unos y otros respecto a esta cuestión adquiere tintes electoralistas. Sea como sea, es un asunto que habrá que resolver para que ambas partes queden satisfechas en la medida de lo posible, si se quieren evitar mayores tensiones o, incluso, enfrentamientos entre Londres y Bruselas.