"Durante la pandemia México continuó recibiendo población migrante expulsada desde EEUU, sin las medidas de salud adecuadas", dice el "Informe sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en las personas migrantes y refugiadas: violaciones a derechos humanos documentadas por organizaciones defensoras y albergues en México", al cual tuvo acceso Sputnik.
El texto de 180 páginas documenta "omisiones y violaciones a derechos como la integridad, libertad, vida, salud, trabajo, seguridad social y a la vivienda digna en el contexto de la pandemia".
A su vez, detalla los "graves riesgos" en que se encuentran las personas migrantes y refugiadas y las evidentes omisiones de las autoridades en cinco grandes ejes: las detenciones en estaciones migratorias; la población expulsada desde EEUU y retornadas a México bajo el protocolo "Quédate en México"; el acceso a la justicia para la población migrante y sujeta de protección internacional; las necesidades de los albergues para personas migrantes; y la regularización migratoria, y sus dificultades.
El citado protocolo fue negociado por México y EEUU en junio de 2019, para evitar la imposición de aranceles unilaterales a las exportaciones mexicanas hacia el mercado estadounidense, con los cuales amenazaba el presidente de ese país, Donald Trump.
La red binacional de organizaciones deplora el comportamiento de "autoridades omisas en cumplimento de ordenamientos judiciales", entre las que destacan el Instituto Nacional de Migración (INM) y el Consejo de Salubridad mexicanos.
Autoridades de EEUU y México en la mira
Según los testimonios recogidos, desde marzo de este año las expulsiones de personas migrantes desde EEUU a México y diversos países de la región no han parado, pese a que han documentado "brotes de COVID-19 dentro de los centros de detención migratoria estadounidenses".
"Existen casos de personas con coronavirus expulsadas a sus comunidades, incluido México, sin protocolos de salud y sin dar aviso oficial para evitar contagios", dice el informe al abordar el papel de las autoridades.
Los tribunales de EEUU "no han permitido continuar con la revisión de casos de personas solicitantes de asilo en ese país que bajo el Protocolo 'Quédate en México' son regresadas a territorio mexicano a esperar sus procesos".
Esta población enfrenta múltiples situaciones de vulnerabilidad, como los casos de mujeres embarazadas que requieren acceder a servicios de salud, o promover la reunificación familiar en casos de niñez no acompañada, detalla el texto.
Los abogados de las organizaciones que elaboraron el informe solicitaron audiencia a la Secretaría de Gobernación, encargada de la política interior mexicana y al Consejo de Salubridad, que dirige las acciones contra la pandemia, entre otras autoridades, para presentar los hallazgos.
El documento fue enviado a organismos internacionales que han establecido estándares sobre las obligaciones de los Estados para atender a migrantes en el contexto de pandemia, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Asimismo, será enviado al Comité para la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, al relator especial sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes y a otros organismos de Naciones Unidas.
El propósito es que soliciten información al Estado mexicano y establezcan mecanismos de monitoreo y seguimiento para vigilar el respeto y protección de sus derechos durante la crisis sanitaria.
El extenso documento fue elaborado conjuntamente por juristas y expertos de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Asylum Access México AC, Alma Migrante AC, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y el Instituto para las Mujeres en la Migración, y Sin Fronteras.
