"Como Gobierno hemos impulsado con paciencia y firmeza dos etapas de pacificación en nuestra gestión, la pacificación de noviembre del año pasado y la pacificación de agosto, la actual", dijo la gobernante interina y candidata presidencial en un discurso en un acto militar.
La solución del conflicto más reciente llegó tras un acuerdo entre el parlamento y el Tribunal Electoral (TSE) que dio paso a una ley que confirma las elecciones del 18 de octubre venidero.
Al promulgar esa ley, Áñez dijo el 13 de agosto pasado que era una "segunda pacificación" y recordó que en noviembre de 2019 logró otra paz al firmar un acuerdo con los sindicatos luego de que operaciones policiales y militares de represión a protestas contra su autoproclamación presidencial dejaron más de 30 muertos.
"La pacificación y la democracia que queremos los bolivianos (…) es un derecho de todos los bolivianos y ningún partido puede interrumpirla", dijo la presidenta transitoria a los militares, en alusión al MAS, partido al cual el Gobierno responsabilizó de las últimas protestas en plena pandemia de COVID-19.
La proclama presidencial de pacificación ocurrió horas después de que un exgobernador del departamento amazónico de Beni, Alex Ferrier, fuese puesto en detención preventiva por presuntos delitos económicos, sumándose a decenas de exautoridades del gobierno pasado del MAS procesados por el Gobierno transitorio.
La COB denunció el fin de semana que al menos dos dirigentes campesinos del departamento oriental de Santa Cruz fueron detenidos por la Policía por orden del Gobierno que los acusa de haber comandado los bloqueos viales en esa región.
"Ha quedado claro que el conflicto fue iniciativa política del MAS; el Pacto de Unidad y el MAS siempre han trabajado de forma coordinada y gente que alentó el conflicto está en las listas [de candidatos] del MAS", dijo Santamaría a la privada Red Uno de televisión.
Añadió que el Gobierno consideraba "criminales" a los recientes bloqueos de rutas, porque habrían provocado una interrupción del transporte de oxígeno a hospitales, causando la muerte de unos 40 pacientes por COVID-19.
La COB y el MAS rechazaron por separado esta acusación, denunciando en cambio que la escasez de oxígeno y otros insumos médicos, incluidos reactivos para pruebas de COVID-19 en laboratorios, dura ya más de dos meses.
