Un plan del Ministerio de Hacienda enfrenta al Gobierno de España con los alcaldes del país

El Gobierno de coalición de España está tratando de mitigar una contingencia inesperada. Tras aprobarse el acuerdo mediante una ajustada votación en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ―organismo que engloba a los regidores municipales de todo el país―, la medida parece estar volviéndose en su contra.

De tal suerte, los alcaldes de las principales ciudades del país se oponen a ceder al Estado los remanentes de sus presupuestos anuales a cambio de recibir después dinero proveniente de un fondo de 5.000 millones, tal y como marca la medida acordada el 3 de agosto en el marco de la FEMP, convertida ya en decreto-ley. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, es la última regidora en mostrar su disconformidad, como dejó claro el 11 de agosto. Se da la circunstancia de que la edil representa a Catalunya en Comú, marca local de Unidas Podemos, partido que integra la coalición de Gobierno en el Gobierno central.

Una votación reñida

Recordamos que la iniciativa votada en la FEMP suscitó una división casi inmediata. A favor de la medida votaron los 12 representantes del PSOE en la Junta de Gobierno de este organismo. PP, Ciudadanos y los independentistas de Junts per Catalunya (otros 12 representantes) votaron en contra.

Pero Unidas Podemos se abstuvo. Tuvo que ser el presidente de la FEMP y alcalde de la localidad gallega de Vigo, el socialista Abel Caballero, quien con su voto de calidad deshiciera el empate a favor de las tesis del Gobierno.

Alcaldes aliados en contra

Colau ha llegado a acusar a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de tener una "actitud antimunicipalista" y se niega a entregar los remanentes de la capital catalana al Gobierno central.

Es una lógica que busca no limitar las posibilidades de inversión de los ayuntamientos. La medida acordada en la FEMP fue aprobada el 4 de agosto por el Consejo de Ministros, pero necesita del aval parlamentario. La posición de esta alcaldesa aboca a los siete diputados de su formación en el Parlamento español a votar en contra en caso de que no se modifique. Casos similares los representan Joan Ribó, alcalde de Valencia (Compromís) e incluso alcaldes del PSOE, como Narciso Romero, de la ciudad de San Sebastián de los Reyes, al norte de Madrid y con casi 90.000 habitantes.

El valenciano Ribó confía en negociar y poder decidir libremente el destino de los ahorros de sus municipios. En su opinión, la contrapartida "no es atractiva".

La postura de Colau supone el culmen de una protesta que comenzó el 7 de agosto y engloba a regidores de hasta nueve formaciones políticas distintas, como es el caso de los dirigentes locales de Madrid y Zaragoza (PP), Bilbao (PNV) o Cádiz (Adelante Cádiz). Aunque también hay notas discordantes dentro de los partidos opositores. Tal es el caso de Francisco de la Torre (PP), que parece no comulgar con la posición de su partido y no descarta prestar el superávit de la ciudad al Estado. Con todo, la votación en el Congreso de los Diputados se augura sombría para los intereses del Ejecutivo, que no entiende el motivo de tan frontal oposición.

La postura del Ministerio de Hacienda

La ministra Montero no acierta a comprender el rechazo suscitado al acuerdo logrado en la FEMP. La adhesión al mismo en principio es voluntaria y ningún alcalde está obligado a ejecutarlo.

En su opinión, el Gobierno de España confía en que los partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez no se dejen influenciar por las posiciones del PP, que lidera la protesta. Si se rechazase en el Parlamento el decreto ley, estos partidos deberían ofrecer una alternativa, piensa Montero.

El intríngulis

En principio el convenio acordado en la FEMP pretende solucionar el problema de que, de acuerdo con la Constitución española, los ayuntamientos no pueden incurrir en déficit presupuestario. El Ministerio de Hacienda no desea cambiar esta situación, pero sí dotar a los consistorios con 5.000 millones de euros entre 2020 y 2021.

Si los ayuntamientos acceden a prestar sus remanentes al Estado (unos 14.000 millones de euros), el Gobierno se los restituiría en parte entre este año y el siguiente (los 5.000 millones). Después, a partir de 2022 y a lo largo de diez años (ampliables a 15), se devolverá el préstamo íntegro y con los correspondientes intereses. Desde el Gobierno se valoran las críticas al decreto como "un intento permanente de desgastar al Gobierno, utilizando el municipalismo", por parte del PP.

La ministra de Hacienda ha negado que el país necesite ese préstamo de los ayuntamientos, pues lo que intenta el Ejecutivo central es ayudarlos para que puedan disponer de más dinero para la atención social o inversiones.