"La Fiscalía General del Estado solicitó al Tribunal de la Corte Nacional de Justicia que sentencie a Pablo R. Q., exsecretario nacional de Inteligencia, como autor mediato del secuestro de Fernando Balda, ocurrido el 13 de agosto de 2012, en Bogotá (Colombia), y que se le imponga el máximo de la pena contenida en el artículo 161 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), dijo un comunicado de la Fiscalía ecuatoriana.
El COIP sanciona el secuestro con penas de cinco a siete años de prisión.
Mientras, como reparación inmaterial, pidió la publicación de la sentencia en un medio de comunicación de alcance nacional y disculpas públicas ante un juez.
En la diligencia, Toainga aseguró que el secuestro se ejecutó con recursos públicos provenientes de la cuenta de gastos especiales de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).
Añadió que el hecho fue coordinado desde Ecuador por Pablo Romero, extitular de ese organismo, y que se realizó por pedido del expresidente Correa, quien habría ordenado "que traigan como sea a Fernando Balda desde Colombia a Ecuador".
Mientras tanto, Stalin Oviedo, defensor de Romero, dijo a periodistas que el delito del que se acusa a su cliente está prescrito, por lo que solicitó a los jueces la anulación de la acción.
El Tribunal ahora debe definir el día para anunciar la sentencia contra Romero.
En 2018 la Corte Nacional de Justicia dictó prisión preventiva contra el expresidente Correa y lo llamó a juicio como presunto autor intelectual del delito de secuestro a Balda. Sin embargo, el juicio está suspendido porque no se le puede juzgar en ausencia.
En septiembre de ese año Correa fue declarado prófugo de la justicia por el caso.
La justicia ecuatoriana vinculó a Correa en la investigación luego de que los exagentes agentes de Inteligencia Diana Falcón y Raúl Chicaiza señalaran en sus versiones que la orden de ejecutar el secuestro de Balda provino del propio expresidente.
Correa reiteradamente a través de sus abogados y de su cuenta de Twitter ha negado las acusaciones en su contra.
Según la Fiscalía, existen alrededor de 28 evidencias que vinculan a Correa en el caso.