Los dos meses de encierro obligatorio, la crisis económica generada por la pandemia, las recurrentes denuncias de corrupción, los masivos despidos y la desesperación de no tener qué comer fueron un caldo de cultivo para el recrudecimiento del conflicto social.
Según la Organización de las Naciones Unidas, 11,5 millones de latinoamericanos estarán desempleados durante este año como resultado de la pandemia, y el número de pobres puede crecer en 35 millones.
Esta última semana parece haber sido un vistazo de lo que podría ocurrir en los próximos meses. En Ecuador, Chile y Paraguay hubo una expansión de manifestaciones en las que ni el nuevo coronavirus pudo amedrentar a los ciudadanos. Además, el 20 de mayo los bolivianos se levantaron en Cochabamba (centro), pidiendo la realización de elecciones y denunciando la emergencia alimentaria.
El especialista aseguró que el panorama futuro indica un "fuerte grado de conflictividad social" tanto por la crisis sanitaria como por las medidas de mayor control social que han aplicado los gobiernos.
"Hay un malestar que se viene acumulando de parte de las sociedades por las políticas neoliberales y la falta de protección social que los gobiernos de derecha han venido aplicando (…) es inevitable que la movilización social siga creciendo", dijo a Sputnik el economista y presidente del Partido Progresista de Chile, Camilo Lagos.
En la misma sintonía, el expresidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998) advirtió el 15 de mayo a Sputnik que es posible que las masivas protestas que sacudieron el año pasado a América Latina vuelvan a estar presentes en 2020, pero esta vez de forma desorganizada, impulsadas por el desempleo y el hambre.
Chile y Ecuador
Lagos y Cabrera hablaron sobre la situación de Chile y Ecuador, donde la protesta social está manifestándose con mayor frecuencia.
En Chile, las encuestas señalan que por parte de la ciudadanía existe un alto grado de simpatía hacia la movilización social y hacia el proceso constituyente, señaló Lagos.
"El germen del cambio está muy presente. Además, hay una enorme rabia por la situación económica. Esta pandemia está afectando al 75% de la población chilena en sus ingresos. Lo que se está viendo es una mayor precariedad laboral, modelos flexibles y la fragilidad del Estado para elaborar políticas sociales", afirmó.
Por su parte, Cabrera señaló que el Estado ecuatoriano, a causa del endeudamiento, está buscando reducir el aparato público para reasignar recursos contra la pandemia; sin embargo, advirtió que esa medida es "pan para hoy y hambre para mañana".
"Si se reduce el aparto del Estado, hay una gran cantidad de personas sin trabajo, con lo cual dejan de llevar el sustento diario, produciendo una crisis de la economía. Por un lado, destino presupuesto a la salud y por otro, elimino la posibilidad de que las personas puedan comprarse las mascarillas", explicó.
Además, advirtió que se ha vulnerado una serie de derechos laborales con las nuevas medidas del Gobierno, lo que ha generado un "enorme descontento social".
¿Nuevo autoritarismo?
Por otro lado, Cabrera opinó que varios gobiernos latinoamericanos están utilizando la pandemia para adoptar medidas más restrictivas que sirvan para frenar la protesta social.
"El COVID-19 es utilizado como herramienta para justificar un ataque de una serie de derechos y libertades. Ha aumentado la cantidad de policías y militares en las calles. Pero eso no significa tener más seguridad. Porque eso puede dar paso a otro tipo de dinámicas, rumbo a un sistema autoritario", advirtió.
En algunos países, como el caso de Chile, el conflicto y las protestas aún permanecían hasta días antes de que se decretara el primer caso de COVID-19.
