"Sabemos que la situación económica de gran parte de las familias es muy difícil y que sería prácticamente imposible seguir subsistiendo otros dos o tres meses en las actuales condiciones", dijo el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Ortiz, al justificar la reapertura de la economía bajo una cuarentena "dinámica" prevista hasta el 30 de junio.
Pero en los departamentos tropicales de Santa Cruz (este) y Beni (noreste) continuará indefinidamente el confinamiento rígido debido a que allí se concentra casi el 90% de los 8.387 casos de COVID-19 registrados hasta el 28 de mayo en el país.
Salud y economía
Ortiz, quien era líder parlamentario del partido derechista Demócratas hasta que hace tres semanas fue nombrado ministro, dijo en conferencia de prensa que veía posible atender al mismo tiempo la crisis sanitaria y la situación de la economía, que según reportes oficiales ya dio en los dos meses pasados señales de recesión.
El Gobierno y organismos internacionales han previsto que la pandemia ocasionará este año en Bolivia un retroceso económico de al menos 3%, el peor resultado en más de tres décadas.
"Lo que buscamos con esto es atender esa inmensa necesidad que tenemos todos de preservar la vida y la salud de los bolivianos, pero al mismo tiempo generar las condiciones para que pueda haber un nivel de actividad económica que permita garantizar los ingresos de las familias", afirmó Ortiz sobre el plan de reactivación.
En una de las primeras admisiones gubernamentales de que el confinamiento estaba causando estragos en la economía popular, pese al alivio de bonos otorgados por el Gobierno, Ortiz consideró importante que se reactive especialmente el sector informal.
"En un país como el nuestro, el 80% de las personas y las familias viven por cuenta propia, tienen ingresos al día, y si bien los bonos han ayudado, (ellos) han asumido un sacrificio enorme, necesitan también tener la posibilidad de generar ingresos", dijo.
Estas medidas se suman a programas de diferimiento de pagos de créditos, impuestos y servicios públicos esenciales como electricidad, agua, gas y telecomunicaciones.
Durante la fase más rígida de la cuarentena, funcionaron con relativa normalidad los sectores de extracción de hidrocarburos y de la agroindustria, pero resultaron paralizados los de minería, turismo, manufacturas y, en particular, el inmenso sector informal de artesanos, pequeñas industrias y comerciantes minoristas.
