En agosto de 2014, alrededor de 75 inmigrantes saltaron la valla de Melilla para intentar comenzar una mejor vida en España. Dos de ellos, procedentes de Malí y Costa de Marfil, fueron expulsados por las autoridades españolas y tres años más tarde, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó esa actuación y obligó a España a pagarles 5.000 euros a cada uno como indemnización.
La controversia se ha generado después de que el mismo Tribunal de Estrasburgo que denunció la actuación de las autoridades españolas, ahora avale la decisión de España por expulsar a dichos inmigrantes. El Tribunal considera que "fueron los demandantes quienes se pusieron en peligro al participar en el asalto a las vallas fronterizas de Melilla […] aprovechando el gran número de miembros del grupo y utilizando la fuerza".
Asimismo, en la segunda sentencia se manifiesta que "no hicieron uso de los procedimientos legales existentes para obtener la entrada en el territorio español". En conclusión, ambos jóvenes no hicieron uso de los "procedimientos oficiales de entrada" y que, por tanto, "fue de su propia conducta".
¿Por qué ahora rectifican para darle la razón a España? Para José Mazón, abogado especializado en derechos humanos, hay intereses internacionales: "Conozco Estrasburgo desde hace más de 30 años porque he presentado muchos casos ante ese tribunal. El Tribunal de Estrasburgo tiene una faceta de tribunal de derechos humanos, pero tiene otra faceta menos conocida y es la de tribunal de intereses de los estados" añade, "los procedimientos legales a los que alude el Tribunal no son efectivos y ellos son los primeros que lo saben".
"Estos dos inmigrantes son exiliados del hambre. Son personas que han permanecido mucho tiempo en espera, y que obviamente están actuando bajo una gran desesperación. El exiliado del hambre debería ser reconocido también como una condición de exiliado" sostiene el experto en derechos humanos.
"En Estrasburgo hay que ir más allá de las apariencias y saber si esos procedimientos son reales y efectivos o son figuras decorativas de papel. En este
se saltan su propia jurisprudencia haciendo otra porque conviene un fallo desestimatorio revocatorio" concluye.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno español, Carmen Calvo, declaró que "España no está a favor de las declaraciones en caliente", a pesar de que la última sentencia del Tribunal de Estrasburgo defienda lo contrario. "Al Gobierno español no le interesa tampoco esta segunda sentencia, pero le ha tocado el papel de defender las fronteras frente a la inmigración", sostiene Mazón.
La realidad de la frontera
Yannick Tresor narra a este medio los duros momentos por los que tienen que pasar las personas que intentan atravesar la frontera como hizo él. Yannick, de 34 años, salió el 15 de agosto de 2012 de Camerún rumbo a España y tras cinco años de lucha consiguió entrar en el país. Tresor perdió todos sus ahorros después de que se incendiara su negocio y decidió comenzar una nueva vida en España para enviar dinero a su hijo, de 11 años, y al resto de su familia. "Lo perdí todo cuando se incendió mi tienda. Me quedé sin nada", explica.
Su viaje no ha sido fácil: cinco años sobreviviendo en Marruecos y dos meses viviendo en el bosque, aunque para Tresor "dos meses no es nada, pues hay compañeros que están entre 6 meses y un año". En Marruecos pasó por varias ciudades recolectando el dinero para pagar la cuota que les solicitan para venir en patera trabajando de albañil y pidiendo en la calle. "El precio para venir en patera oscila entre los 30 y 500 euros, si es un barco con motor", asegura, "también intenté saltar la valla más de 100 veces. Conseguí entrar en Melilla, pero todas me devolvieron a Marruecos".
8 de mayo de 2017. Yannick recuerda con felicidad el día que pisó por primera vez suelo español. "Salimos en un barco 52 personas desde Nador (Marruecos) a las 6 de la mañana y llegamos a Motril (Granada) a las 22 de la noche. Recuerdo que ese día dos delfines nos acompañaban durante el viaje. Fue una señal".
Su hermano Adalbert, en cambio, decidió seguir la vía legal como argumenta el TEDH en su última sentencia. Solicitó el visado en múltiples ocasiones y se gastó grandes cantidades de dinero, "alrededor de un millón de francos CFA —lo que al cambio son unos 1.500 euros— pero no tuvo suerte". Teniendo en cuenta que el sueldo medio de un camerunés son 100 euros mensuales, esa cifra resulta prácticamente imposible para muchos ciudadanos del país. "Le decían vete a casa y espera el papel. Dos meses después recibía una carta diciendo que no se lo concedían sin explicar el por qué. Todavía sigue allí intentándolo".
Yannick ahora estudia un módulo de cocina en España mientras espera la nacionalidad y un contrato de trabajo de un año, "que es lo más difícil", confiesa. Mientras tanto, colabora como traductor en el centro que le acogió en la capital, SERCADE —Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad— dentro de su Programme Afrique, una asociación que trabaja con inmigrantes africanos recién llegados y donde les enseñan sus primeras clases de español.
