"En este momento no tenemos ninguna intención de cobrar para llevar el dinero a la matriz en Brasil para pagar deudas en otros países; nuestra prioridad total es pagar las deudas en Ecuador, deudas con impuestos, con proveedores", declaró el director regional de la firma, Mauricio Cruz, a la cadena televisiva Ecuavisa.
La demanda de Odebrecht se dio por planillas impagas y por la terminación unilateral del contrato del poliducto Pascuales-Cuenca, decidida en 2018 por el gobierno de Lenín Moreno, tras detectarse, según dijo, serios daños en su infraestructura así como sobreprecios y sobornos.
En octubre de 2017, el gobierno de Moreno dio por terminado el contrato por incumplimiento de obligaciones por parte de la constructora.
Adicionalmente, la obra fue declarada en emergencia por presentar fallos en su estructura.
"Tenemos problemas en la construcción misma, por obras que no fueron ejecutadas a cabalidad; por ende, nosotros hemos procedido al cobro de las garantías y a terminar la relación contractual", manifestó el procurador judicial de Petroecuador, Marco Prado, en declaraciones a Ecuavisa.
Añadió que la estatal analiza la posibilidad de plantear una demanda en contra de Odebrecht.
La Procuraduría General del Estado realizó varios informes que respaldan los argumentos de Petroecuador y que se adjuntaron a los expedientes del proceso judicial.
La audiencia de juicio puede durar varios días.
Odebrecht construyó importante obras en Ecuador, durante el Gobierno de Correa.
Según información oficial, la empresa entregó 47,3 millones de dólares en coimas en Ecuador para la obtención de contratos, dentro de la trama de corrupción que envolvió a la empresa en toda la región en el caso conocido como "Lava Jato".
De acuerdo con datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la empresa brasileña habría pagado unos 788 millones de dólares en coimas para más de 100 proyectos de obra pública en 11 países de Latinoamérica, así como Angola y Mozambique, en Africa.
