"La CIDH insta a las autoridades a que investiguen de forma pronta y exhaustiva cualquier denuncia de violencia y establecer las sanciones correspondientes", dijo la Comisión en un comunicado sobre sus observaciones tras la visita realizada a Ecuador el año pasado por invitación del Gobierno.
El pronunciamiento de la CIDH se refiere tanto a "denuncias del uso excesivo de la fuerza cometidas por los agentes de la policía y de las fuerzas de seguridad, como en hechos de agresiones y saqueos por parte de la población".
El organismo de la Organización de las Naciones Unidas también recordó al Estado que las fuerzas de seguridad tienen la obligación de permitir el desarrollo de las manifestaciones y protestas, aislar a los manifestantes que recurren a la violencia, y someterlos a los procesos judiciales correspondientes.
Urgió al Estado a que garantice el derecho a la seguridad, integridad y debido proceso de todas las personas detenidas, incluso por medio del acompañamiento de abogados particulares y de la Defensoría del Pueblo.
Asimismo, le solicitó respetar y garantizar el derecho a la protesta, libertad de expresión, reunión pacífica y participación política.
En ese sentido, la CIDH y su Relatoría sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales hicieron un especial llamado a Ecuador a que se informe y consulte adecuadamente a los grupos más vulnerables en toda adopción de posibles medidas de austeridad y reformas económicas o fiscales que puedan afectar el acceso y disfrute de esos derechos.
Pidió establecer un plan de atención inmediata y reparación integral para las víctimas de las protestas y sus familias.
En lo relativo a los derechos de los pueblos indígenas y originarios, llamó a un diálogo intercultural permanente entre organizaciones indígenas y el Estado.
Durante su visita a Ecuador, la misión de la CIDH se reunió con autoridades de los tres poderes del Estado y de las autoridades de control, con personas y organizaciones de diversos sectores de la sociedad, incluidas organizaciones de pueblos indígenas, en las ciudades de Quito (Capital), Cuenca (sur), Guayaquil (oeste) y Latacunga (centro).
La misión de la CIDH entrevistó a 439 personas y registró 380 testimonios de personas que reclaman ser víctimas de violaciones a sus derechos humanos o de otras afectaciones en el contexto de las protestas.
Durante las movilizaciones de octubre, en Ecuador hubo saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, bloqueos de carreteras, incendios intencionales, cortes del suministro de agua, daños a instalaciones de producción de petróleo y una serie de actos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación.
Según la Defensoría del Pueblo de Ecuador, en las protestas fallecieron 11 personas, hubo 1.192 aprehensiones y 1.340 heridos.
