"Arrancamos el verdadero trabajo de esta comisión, que es escuchar a las personas que han evidenciado estos hechos hasta el 14 de febrero de este año", dijo en conferencia de prensa Sybel Martínez, presidenta de la denominada Comisión para la Verdad y la Justicia, creada por la Defensoría del Pueblo el año pasado.
Los testimonios de las presuntas víctimas o de quienes hayan conocido casos sobre detenciones, lesiones o apresamientos sucedidos durante las manifestaciones serán receptados en las oficinas de la Defensoría del Pueblo en todo el país.
La comisión planea presentar el informe final el 24 de marzo, en el que se determinarían responsabilidades y formas de reparación.
En el caso de violaciones a los derechos humanos de parte de la fuerza pública el objetivo es establecer responsabilidades y reparaciones.
En el caso de los actos violentos, delictivos y vandálicos, se buscará establecer responsabilidades para que las instituciones judiciales inicien los respectivos procesos de juzgamiento y sanción.
La mujer dijo que el 12 de octubre pasado salió a manifestarse pacíficamente en el barrio quiteño La Tola (centro) para pedir por el retorno a la paz, pero fue impactada por una bomba lacrimógena lanzada por un policía a menos de tres metros de distancia, pese a haber alzado sus brazos.
Durante su comparecencia ante la Comisión, Urresta dijo que pide acceder a una justicia sin persecuciones, con libertad y transparencia.
"La persecución policial y política no ha cesado. Por ello responsabilizo al presidente Lenín Moreno y a la ministra (de Gobierno) María Paula Romo de cualquier incidente de vida y seguridad de mi familia y la mía. Deseo una reparación integral de mis derechos, salud y vida. Pido por todos los agredidos y muertos en el paro. No me voy a callar aunque me amedrenten", aseguró.
La mujer añadió que un helicóptero policial sobrevuela constantemente su vivienda y que el último viernes dos personas en motos insultaron a su padre.
Los integrantes de la Comisión señalaron que para su trabajo utilizarán todos los insumos disponibles: informes generados por la CIDH, Asamblea Nacional, Defensoría del Pueblo, e información solicitada a varios organismos estatales, entre otros.
Durante las movilizaciones y protestas de octubre, hubo saqueos y destrucción de bienes públicos y privados, vandalismo, bloqueos de carreteras, incendios intencionales, cortes del suministro de agua, daños a instalaciones de producción de petróleo y una serie de actos violentos, incluida la quema del edificio de la Contraloría de la Nación, hechos sin precedentes en la historia de Ecuador.
Según la Defensoría del Pueblo, durante las protestas fallecieron 11 personas, hubo 1.192 aprehensiones y 1.340 heridos.
