La Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública fue sancionada la semana pasada por el Congreso y publicada el lunes en el Boletín Oficial.
La medida habilita al Gobierno a administrar el Estado en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, dada la emergencia pública que rige sobre estas nueve áreas.
La ley instaura el impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS), que grava por los próximos cinco años 30% la compra de divisas extranjeras y el consumo de bienes o servicios en el exterior.
El 70% de lo recaudado a través de esta iniciativa se destinará a la seguridad social, mientras el 30% restante se dedicará a obras de vivienda e infraestructura.
La normativa también suspende por seis meses el esquema de aumento tarifario de los servicios públicos, así como la fórmula con la que se calculaban los aumentos de las jubilaciones, que consistía en una ecuación que tomaba en cuenta a partes iguales los salarios y la inflación.
El Gobierno también aumenta a 33% los derechos de exportación del grano de soja, mientras que el trigo y el maíz pagarían una alícuota del 15%.
La medida suspende, en paralelo, la rebaja a las contribuciones patronales prevista a partir del año que viene, de modo que los empleadores del sector servicios pagarán un aporte del 20,4%, siempre que sus ventas superen los 48 millones de pesos anuales (762.000 dólares); el resto del sector privado pagará 18%.
