"Los femicidios exceden la problemática específica de seguridad, es el emergente de un proceso cultural profundamente arraigado en esta sociedad patriarcal que es la base de sustento de la violencia contra las mujeres y que tiene en los femicidios su expresión más aguda", señaló Ferreyra.
"Apruébase el Plan Nacional de Seguridad para la Reducción de Femicidios", señala la Resolución 999/2019 del Ministerio de Seguridad publicada este 7 de noviembre en el Boletín Oficial.
La iniciativa de la dependencia que conduce la ministra de Seguridad Patricia Bullrich tiene entre sus objetivos implantar un sistema de denuncias policiales por violencia de género, una medida que prometió el presidente, Mauricio Macri, cuando todavía aspiraba a ser reelecto en las elecciones generales del pasado 27 de octubre.
El Plan Nacional contempla a su vez la sistematización de la información sobre los asesinatos de mujeres por violencia de género y la mejora de la atención a las víctimas que reciben a través de la línea 144.
Los feminicidios "son la cara más cruenta y visible de la violencia contra las mujeres y este delito es uno de los principales desafíos que enfrentan los países latinoamericanos en materia de seguridad ciudadana", reconoce la resolución.
El ministerio de Seguridad presume que disminuyó en un 23% la cantidad de homicidios totales entre 2015 y 2018, aunque reconoce que la tasa durante este mismo período se ha mantenido sin variaciones.
Entre enero y octubre se perpetraron 226 feminicidios en Argentina, lo que representa un asesinato cada 32 horas, una cifra según el relevamiento periódico del observatorio de Mumalá adelantado por Sputnik la semana pasada.
Enfoque integral
Los relevamientos de feminicidios que Mumalá realiza desde 2015 señalan que nueve de cada diez víctimas convivían con sus agresores.
En todo el territorio hay disponibles unas 750 tobilleras en 18 de los 24 distritos del país, "y sólo la mitad están en funcionamiento", añadió Ferreyra en relación a estos dispositivos electrónicos que se deberían utilizar ante denuncias por violencia de género.
En todo caso, la solución del problema debe superar un enfoque punitivista, "si bien es necesario afianzar todos los dispositivos cuando la víctima denuncie a las fuerzas de seguridad o al sistema judicial", sostuvo la titular de Mumalá.
La Ley Micaela, una legislación sancionada en enero de este año, que contempla capacitaciones sobre violencia de género para los funcionarios de los tres poderes del Estado, "reconoce la necesidad de capacitar a las fuerzas de seguridad y a otras instancias del Estado para hacer efectiva la atención a las víctimas", recordó la activista.
Además, es necesario reforzar las tareas de prevención "para que las víctimas tengan a mano dónde asesorarse y reciban la atención de equipos interdisciplinarios".
Los medios de comunicación también pueden tener un papel relevante para generar conciencia ante un caso de violencia de género.
Dentro de un sistema integral que coordine la respuesta del Estado ante una víctima, la información al alcance no proviene fundamentalmente de las fuerzas de seguridad, como dice la ministra de Seguridad, "sino que hay otras instituciones que deben participar para alertar sobre situaciones de violencia que deben sistematizarse en un plan de diagnóstico", concluyó Ferreyra.
El presidente electo, Alberto Fernández, prometió que una vez asuma a partir del 10 de diciembre creará un Ministerio de la Mujer.