Cuando los abogados mexicanos Luis González Mesa y Juan Pablo Badillo Soto anunciaron una conversación de Joaquín Loera —el capo narcotraficante conocido como el Chapo Guzmán— con su familia sobre su voluntad de que su fortuna fuera enviada a las comunidades indígenas de México, el primero en aplaudir fue AMLO. La propuesta causó revuelo y generó debates incluso entre organizaciones indígenas que se manifestaron en contra y a favor de tal posibilidad.
Explicó que ese dinero podría servir para "consolidar la autonomía de los pueblos indígenas", y así lo argumentaron en una carta pública enviada a López Obrador, difundida este 11 de septiembre.
Sin embargo, el grueso de las comunidades indígenas organizadas en el Congreso Nacional Indígena ha expresado su rechazo a un eventual acceso a la fortuna en cuestión. El rechazo fue acordado durante un encuentro en el Istmo de Tehuantepec, al sur del país, la semana pasada entre el 6 y el 9 de setiembre.
Las comunidades argumentan que enfrentan actualmente "la cuarta invasión de saqueo, despojo, violencia y muerte", en referencia al lema de AMLO que identifica su Gobierno como la "cuarta transformación" del Estado mexicano.
De acuerdo al fallo, los abogados que manifestaron la "voluntad" del Chapo respecto a su fortuna "carecen de legitimación" para representarlo ya que el propio capo los desconoció a ambos como sus representantes legales.
Los dos abogados habían estado actuando ante la Justicia mexicana como representantes del Chapo, que fue extraditado a Estados Unidos el 19 de enero de 2017 (un día antes de la asunción de Donald Trump como presidente de EEUU) y condenado a cadena perpetua en el territorio estadounidense.