"El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, con apoyo de la Policía Nacional Civil, coordinó la aprehensión de Sandra Torres por su presunta vinculación en el caso Financiamiento Electoral Ilícito de la Unidad Nacional por la Esperanza (UNE)", divulgó la Fiscalía en su cuenta de la red social Twitter.
El #MinisterioPúblico por medio de la #FECI con apoyo de la #PNC coordinó la aprehensión de Sandra Torres por su presunta vinculación en el caso #FinanciamientoElectoraIlícito UNE. pic.twitter.com/a5lSG1oq5l
— MP de Guatemala (@MPguatemala) September 2, 2019
Medios locales reportaron la llegada de Torres a los tribunales, con capucha y lentes oscuros, tras ser detenida en cumplimiento de una orden girada el pasado 30 de agosto por el Juzgado de Mayor Riesgo A, por delitos de financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita.
Torres, quien fuera esposa del expresidente Álvaro Colom (2008-2012), aseguró que se trata de "una persecución política", según declaraciones reproducidas por el diario Prensa Libre.
"Rechazamos la medida desproporcionada e innecesaria tomada en contra de Sandra Torres. Siguen judicializando la política", denunció la bancada de la UNE en el Congreso de Guatemala a través de sus redes sociales.
Rechazamos la medida desproporcionada e innecesaria tomada en contra de Sandra Torres. Siguen judicializando la política.
— BloqueUNE (@BloqueUNE_OL) September 2, 2019
Torres fue la candidata más votada en las elecciones presidenciales del 16 de junio pasado, pero no tuvo la mayoría necesaria para imponerse en primera vuelta, y perdió en el balotaje del 11 de agosto último ante Giammattei, proclamado presidente electo.
La Corte Suprema de Justicia de Guatemala avaló en febrero pasado la inscripción de Torres como candidata presidencial por la UNE, al considerar que no existían elementos suficientes para tramitar un antejuicio para negarle impunidad en el proceso electoral.
Según la investigación, la UNE habría recibido durante la gestión de Torres como su secretaria general unos 2,5 millones de dólares para la campaña electoral de 2015, los cuales no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral.
En su momento, Torres calificó la acusación como "una denuncia espuria y totalmente política" lanzada para favorecer a la también candidata presidencial Thelma Aldana, ex Fiscal General de la República (2014-2018).