"Estoy conmocionada por la presunta tortura del capitán Acosta Arévalo, y porque el trato al que fue sometido mientras estaba en custodia puede haber sido la causa de su muerte. Recuerdo a las autoridades venezolanas que son responsables de la vida y de la integridad física y psicológica de todas las personas privadas de libertad", dijo Bachelet en un comunicado.
Su abogado, Alonso Medina Roa, y esposa, Waleswka Pérez, denunciaron días después que el militar estaba siendo sometido a torturas en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), donde estaba detenido.
Sin embargo, no pudieron hasta el 28 de junio, cuando Acosta fue llevado ante los tribunales en sillas de ruedas y pidiendo auxilio por las torturas sufridas, según su abogado.
El juez tercero de control militar, capitán Maikel Amezquita, ordenó su traslado al Hospital Militar Doctor Vicente Salias Sanoja, ubicado dentro de Fuerte Tiuna, donde murió.
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Bachelet urgió a las autoridades venezolanas a realizar una profunda investigación, que incluya una autopsia bajo estándares internacionales, "independiente y transparente".
El fiscal general Tarek William Saab aseguró que Acosta se desmayó ante el juez, quien ordenó su traslado al centro de salud.
Acosta estaba señalado de supuestos actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración.
Las autoridades aseguraron que era parte de un presunto plan que se ejecutaría entre el 23 y 24 de junio y que tenía como objetivo matar al presidente Nicolás Maduro, a su esposa, Cilia Flores, y al presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello.
El fiscal general aseguró este lunes que dos funcionarios de la Dgcim fueron detenidos por la muerte del capitán.