Así lo confirmó el jefe de gabinete del Gobierno, Onyx Lorenzoni, durante una reunión con senadores, informó la cadena de televisión Globo.
La semana pasada, el plenario del Senado aprobó un parecer de la Comisión de Constitución y Justicia que pide su suspensión, y estaba previsto para el 26 de junio que el Supremo deliberara sobre la constitucionalidad de los decretos.
Tanto en el Congreso como en el Supremo, las acciones lideradas por la oposición al Gobierno consideran que los decretos de Bolsonaro son inconstitucionales porque invaden las competencias de los parlamentarios.
Consideran que los cambios que el presidente quiere sacar adelante deberían hacerse a través de una ley salida del Congreso, y no de forma unilateral.
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Al mismo tiempo en que anulaba los dos decretos cuestionados, el Gobierno publicaba este martes otros tres sobre la adquisición, registro, porte y comercialización de armas de fuego y municiones.
Según el presidente del Senado, el proyecto puede entrar este mismo martes en la agenda de la Cámara de Diputados para que sea votado en régimen de urgencia constitucional.
Los decretos sobre las armas que fueron cuestionados se refieren al porte de armas de fuego (el permiso para llevar un arma por la calle).
Bolsonaro firmó en enero otro decreto, que se refiere a la tenencia de armas (permiso para tenerlas en casa) que también flexibilizó las reglas y no enfrentó tantos problemas.