"Venimos desde hace años presentando el proyecto y creemos que este año vamos a lograr un mayor acompañamiento que el que tuvimos el año pasado por varias razones", dijo a esta agencia la diputada Araceli Ferreyra, del opositor Movimiento Evita.
El 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, se celebran en Buenos Aires una serie de talleres junto al palacio legislativo que tienen resonancia con otros actos en más de un centenar de ciudades a lo largo de todo el territorio del país con el pañuelo verde como símbolo de esa demanda social.
La jornada incluye la movilización "pañuelazo federal" en todo el país como antesala de un festival organizado en la capital argentina para subrayar el carácter festivo de todas las actividades al mismo tiempo que se celebra y se canta la ya tradicional consigna: "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir".
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El objetivo es relanzar la discusión que el año pasado traspasó el recinto parlamentario y se trasladó a la opinión pública, cuando el texto que proponía la IVE se transformó en el proyecto de ley más discutido en la historia de Argentina.
Tras más de cuatro meses de debate en la que participaron más de 700 expositores, la iniciativa logró ser sancionada en la Cámara de Diputados, pero fue rechazada en el Senado.
La Campaña, como articulación de diversas organizaciones y movimientos, recoge la experiencia del año pasado en un nuevo texto redactado por una comisión de expertas y luego modificado y aprobado por consenso en la plenaria que integran las organizaciones regionales de todo el país.
Novedades
El nuevo proyecto de ley, que establece la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas de gestación, considera sujeto de la norma a toda mujer o cualquier otra identidad con capacidad de gestar.
"Incluir el género autopercibido en el proyecto, que no contemplaba el anterior, tiene por finalidad que el aborto legal se garantice a todas las identidades de género", explicó Silvia Ferreyra.
Otro cambio significativo es que la iniciativa no contempla la objeción de conciencia como justificación para que el personal médico o las instituciones se escuden en creencias religiosas y morales para negar el servicio de aborto.
"En este caso el proyecto original vuelve a su estado primario, pues se parte de la base de que la objeción de conciencia es un derecho adquirido", explicó la dirigente de MuMaLa.
Por otro lado, el proyecto incorpora derechos fundamentales y artículos respecto de la educación sexual integral que reconoce la legislación argentina desde 2006, y establece que el aborto se garantice en el Programa Médico Obligatorio, por lo que las entidades prestadoras de salud deberán dar cobertura al tratamiento, en tanto que en el sistema público de salud lo ofrecerá de manera gratuita.
Posible debate
La diputada Ferreyra se mostró optimista y dijo que el Congreso está "en condiciones de sacar la ley este año".
En 2018 "nos faltaron solo cinco votos en el Senado, una cámara de matriz conservadora en la que nunca se presentaron proyectos (para legalizar el) aborto", contextualizó la legisladora.
Desde entonces, "en este tiempo, en la clandestinidad siguieron muriendo mujeres, nenas-mamás que eran obligadas a parir o sometidas a cesáreas forzosas", relató.
Que el actual sea un año electoral "para el feminismo popular, federal y disidente es un punto a favor porque los candidatos van a tener que pronunciarse", sostuvo.
Argentina celebrará en octubre elecciones presidenciales y legislativas.
"La marea verde no solo se transformó en un actor social y político, sino que además consiguió tener peso específico en lo electoral y puede inclinar el voto según se incluyan los temas de género en las campañas presidenciales", apostó la dirigente del Movimiento Evita.
"En casi seis meses tuvimos una sesión ordinaria y otra especial, pero si sacamos del 'freezer' (congelador) el proyecto tengo expectativas no solo de reeditar lo que fue la vez pasada sino que esta vez podremos venir con nuevos y mejores argumentos", auguró la diputada Ferreyra.
Impacto generacional
La legisladora consideró un prejuicio considerar que es un obstáculo para la iniciativa que este sea un año electoral.
La legalización del aborto es un asunto transversal que genera recelo en parte de la sociedad argentina, pero se vive una nueva época y hoy "cualquier movilización de la marea verde duplica o triplica lo que puedan convocar todas las iglesias juntas", opinó.
El proyecto presentado en 2018 fue aprobado en la cámara baja gracias al voto a favor de los legisladores que representan la provincia de La Pampa (centro), rememoró Ferreyra.
Uno de ellos, Sergio Ziliotto, acaba de ser elegido gobernador de su provincia con el 52% de los sufragios.
"Si aprobar la legalización del aborto hubiera sido un problema, no habría ganado la elección, mientras que otros grupos fundamentalistas (en contra de legalizar la IVE) que se han presentado en algunas provincias han sacado 10-14% (de votación), no les ha dado ni para meter un diputado", constató.
Apuestas al 2020
La diputada nacional Mayra Mendoza, con menos optimismo, sostuvo que este es "un proyecto de avanzada con respecto al que se había presentado por séptima vez, al avanzar en la legalización del aborto, (pero) no hay posibilidades reales de que este año se sancione".
La legisladora de la coalición opositora Frente para la Victoria cree que habrá que esperar al año que viene, una vez que se renueven la mitad de los escaños de la Cámara de Diputados y un tercio de los del Senado tras las elecciones presidenciales y parlamentarias del 27 de octubre, para tratar en el plenario este proyecto.
"Necesitamos una cámara con una nueva conformación para que haya nuevas conciencias y perspectiva de género en el Senado", dijo Mendoza a esta agencia.
"Sinceramente, va a ser difícil pero es importante mantener la presencia en la calle y mantener en agenda la necesidad de que el aborto sea legal en Argentina", conminó.
El aborto es un delito en este país, pero el artículo 86 del Código Penal autoriza interrumpir un embarazo cuando está en riesgo la vida o la salud de la mujer o cuando la gestación fue producto de una violación.
A partir de esta norma, las autoridades dictaron protocolos para asegurar que los servicios de salud no denieguen este derecho a las mujeres que requieren un aborto bajo estas causales.
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Pero el cumplimiento del artículo 86 y de los protocolos es objeto de una disputa permanente en el ámbito hospitalario y judicial para impedir que los abortos autorizados por la ley se lleven a cabo.
