"Volvimos a constatar hoy la dualidad, torpe, infantil y miserable de quienes en la Mesa (de Negociación) hablan un lenguaje y hacia afuera continúan en la pretensión perversa de arrebatar los Derechos al Pueblo nicaragüense", expresa una nota publicada por la web gubernamental 19Digital.
El Gobierno insiste en la suspensión de tales "medidas ilegítimas, arbitrarias e injustas, no contra personas particulares, sino contra el pueblo nicaragüense y su derecho al desarrollo con justicia social".
Los negociadores del Sandinismo afirman que la población identifica a la contraparte con "el golpismo, el terrorismo, la violencia, la maldad y el intento de someter a Nicaragua a los intereses de familias particulares".
"Denunciamos las prácticas malintencionadas y nada responsables de quienes juegan con el hambre y la necesidad del pueblo desde su egoísmo y opulencia particular, negando el derecho elemental a la seguridad, el trabajo, el bienestar y la paz, desde la justicia que reconoce, repara y se compromete a no repetir", agrega el texto.
La Alianza Cívica aseguró en su web oficial que el oficialismo desató una campaña en su contra, para "justificar el incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno".
Nicaragua vive una crisis política desde mediados de abril de 2018, cuando una reforma al sistema del Seguro Social desató violentas protestas contra la administración del presidente Daniel Ortega, acompañadas de actos que el Gobierno tildó de "terroristas".
Entonces fue convocado un diálogo nacional auspiciado por la Iglesia Católica, que se suspendió dos meses después.
El nuncio apostólico Waldemar Sommertag y el enviado especial de la OEA, Luis Ángel Rosadilla, actúan como testigos y acompañantes internacionales de las negociaciones entre el Gobierno y la Alianza para superar la crisis.