Según estos datos, las muertes "por intervención policial" llegaron a "434 casos de enero a marzo", lo que da una media de siete fallecidos al día y representa el mayor número registrado desde 1998; el año pasado, en este mismo periodo la policía mató a 368 personas.
Portavoces de la policía alegaron en su momento que agentes participaban en una operación de incautación de drogas cuando fueron recibidos a tiros por los narcotraficantes, lo que les obligó a disparar en defensa propia.
Sin embargo, testimonios de los vecinos recogidos por la Defensoría Pública de Río de Janeiro incluyen relatos de ejecución, tortura y mutilación de cuerpos.
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Otro dato destacado del primer trimestre del año es el elevado número de incautación de fusiles (145), el mayor registro desde 2007.
Desde el 1 de enero, el Gobierno de Río de Janeiro, del que depende la seguridad pública, está en manos del gobernador Wilson Witzel, de tendencia ultraderechista y aliado del presidente Jair Bolsonaro.
Los especialistas en seguridad pública y activistas de favelas y suburbios atribuyen el aumento de las muertes provocadas por la policía al discurso de mano dura de las autoridades y de legitimación de este tipo de violencia.
El gobernador Witzel defendió públicamente en numerosas ocasiones que los policías deben disparar en la cabeza en cuanto vean a un sospechoso cargando un arma.
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También ha asegurado que ya hay francotiradores de élite actuando en varias favelas de la ciudad para abatir narcotraficantes, algo que es ilegal y que es investigado por la Fiscalía.