"La República Bolivariana de Venezuela rechaza los términos de la Declaración Ministerial del autodenominado Grupo de Contacto Internacional, que tras su reunión en Quito, ha tomado la temeraria decisión de inmiscuirse en asuntos propios del funcionamiento del Estado venezolano", expresa el comunicado publicado por el canciller Jorge Arreaza en la red social Twitter.
El GIC consideró que la decisión de la Contraloría menoscaba los esfuerzos para conseguir una solución pacífica y democrática a la crisis en Venezuela.
El 28 de marzo, la Contraloría venezolana resolvió inhabilitar a Guaidó, autoproclamado "presidente encargado" del país, por 15 años en el ejercicio de actividades públicas, acusándolo de no justificar el origen de sus fondos para el financiamiento de viajes.
De igual manera, el texto señala que el Gobierno venezolano ha recibido a las delegaciones del GIC y les ha ofrecido un trato cordial, situación que se contradice a la declaración emitida el jueves, tras su reunión en Quito.
"Las delegaciones enviadas a Venezuela por parte del Grupo de Contacto Internacional han sido recibidas por altas autoridades del Estado venezolano y se les ha brindado un trato cordial y respetuoso (…) actitud que difiere del tratamiento parcializado y ofensivo que se le da a las instituciones legítimas venezolanas en los términos de su más reciente declaración", indica.
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Esta inhabilitación de Guaidó se suma a dos investigaciones que realiza la fiscalía en su contra, la primera por presunta usurpación de funciones y la segunda por su supuesta vinculación a actos de sabotaje y terrorismo.
El 23 de enero, el Gobierno de EEUU declaró que desconocía el mandato del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y en su lugar reconoció al opositor Guaidó, quien se autoproclamó en esa jornada como "presidente encargado" del país.