En octubre, la Policía Federal informó al Supremo de que encontró indicios de que el presidente y otras 10 personas formaban un supuesto esquema para recibir sobornos a cambio de favorecer a determinadas empresas del sector portuario.
La Procuradoría pide que Temer sea condenado por delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero.
Las compañías serían Argeplan, Eiland do Brasil, PDA Administração e Participação LTDA y PDA Projeto e Direção Arquitetônica.
Todas ellas están ligadas al coronel Joao Baptista Lima Filho, un expolicía militar amigo personal del presidente.
Además de Temer, la procuradora denunció a otras cinco personas por corrupción activa y blanqueo de dinero, entre ellas el exasesor especial de la Presidencia de la República Rodrigo Rocha Loures.
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La Procuradoría cree que hubo un desvío de 32,6 millones de reales (8,3 millones de dólares) y pide que esa sea la cuantía de una indemnización por daños morales.
La denuncia de Dodge llega a 12 días de que termine el mandato de Temer, por lo que no habrá tiempo de que el Congreso decida si la denuncia puede o no ser analizada por el Supremo, tal como prevé la Constitución.
Debido a esta circunstancia, la procuradora general quiere que a partir del 1 de enero la denuncia sea enviada a la Justicia Federal de Brasilia, que decidirá si les imputa o no.
