"Estamos en el último día de la campaña de recolección de firmas de la campaña #YoImpugNo. Demandemos todos la inhabilitación de las candidaturas inconstitucionales de Morales y García y exijamos que nuestro voto se respete", escribió este 10 de diciembre el candidato derechista Oscar Soliz, al confirmar las demandas.
El oficialismo ha restado importancia anticipadamente a las impugnaciones anunciadas, que se sumarán a un ultimátum lanzado el fin de semana por comités cívicos derechistas de varios departamentos amenazando con una huelga general de hambre a partir del jueves si el TSE no anula la repostulación de Morales y su vicepresidente Álvaro García.
Las demandas contra la candidatura del presidente izquierdista serán presentadas al mismo TSE y no estaba claro, debido a contradicciones legales, si este organismo aceptará impugnaciones de personas que no pertenezcan al partido del candidato cuestionado.
Agregó que esperaba que la impugnación de ese frente contra la candidatura de Morales esté respaldada por "varios miles de personas".
Paralelamente, varias plataformas ciudadanas anunciaron sus propias campañas de recolección de firmas contra la habilitación electoral de Morales, quien gobierna desde 2006 y pretende ganar un cuarto mandato en los comicios del año venidero.
"Estamos apoyando en la presentación de impugnaciones por parte de varios grupos, dentro del plazo legal", dijo a reporteros el activista Beto Astorga, de la plataforma Otra Izquierda es Posible.
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En el oficialismo, el presidente del Senado, Milton Barón, insistió este lunes en que el TSE actuó conforme a ley al habilitar a Morales, porque es un organismo que "sólo tiene atribuciones administrativas y no puede interpretar las normas, menos la Constitución".
"Por eso, las impugnaciones caerán en saco roto", aseguró.
El TSE explicó el fin de semana que para habilitar a Morales pasó por alto el resultado de un referendo de 2016 que vetó la reelección indefinida porque consideró de aplicación preferente una sentencia posterior del Tribunal Constitucional que declaró vigente el derecho a la reelección sin límite de las autoridades electas.
Esta resolución del TSE fue calificada como violatoria de la Constitución por los siete candidatos presidenciales opositores y se ha convertido en motivo de las protestas lideradas por los cívicos y los partidos conservadores.
