"No hay episodios que ameriten este tipo de reacciones", informó el secretario de Seguridad de Tierra del Fuego, Javier Eposto, en declaraciones a la prensa.
El funcionario advirtió que había que "tener cuidado" con los decretos que están "siempre por debajo del Código Penal y de la Constitución".
Lo mismo decidió la provincia de Buenos Aires, la más importante del país por residir allí casi el 40% de la población, pese a que en ella gobierna María Eugenia Vidal, aliada del presidente Mauricio Macri.
En esta jurisdicción existe una ley vigente desde 2006 que delimita cómo debe actuar la policía y que sería muy similar al reglamento del Gobierno.
En la ciudad de Buenos Aires no podrá aplicarse de momento la nueva normativa porque un juez de la capital, Roberto Gallardo, hizo lugar a un recurso de amparo y decretó que el reglamento es inconstitucional.
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Sí se adhirieron al protocolo, en cambio, las provincias de Mendoza (oeste), Salta (norte) y Chubut (sur).
La reglamentación habilita a que los agentes usen las armas letales para detener a un sospechoso en fuga, es decir, "cuando resulten ineficaces otros medios no violentos (…) para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente, y hasta lograr su detención".
También se considera aceptable disparar por la presunción de que el sospechoso esté armado, "aunque luego de los hechos se comprobase que se trataba de un símil de un arma letal".
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El exjuez Carlos Rozanski presentó ante la justicia federal una denuncia contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la que la acusa de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y pide que se suspenda el reglamento.
Seis diputados de la oposición interpusieron, además, una medida cautelar para que se suspenda la aplicación del reglamento en todo el territorio.
