"Lo que buscan en primer lugar es el bloqueo político, diplomático, económico y comunicacional de nuestros funcionarios, que son funcionarios fundamentales del Gobierno, pero también buscan limitar y trancar las compras gubernamentales para que no podamos garantizar la salud, educación, seguridad social gratuita a todos los venezolanos", afirmó Ortega, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, integrada solo por oficialistas.
En la lista de sancionados, publicada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, se encuentran la esposa del presidente Nicolás Maduro, Cilia Flores, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez.
Para el asambleísta esta nueva acción forma parte de la política de hostilidad y de amenaza constante contra Venezuela, y que está enmarcada en una estrategia para derrocar al presidente Maduro.
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"Buscan apoderarse de las riquezas fundamentales de nuestro país, por eso es que estamos enfrentando al imperialismo, al capitalismo salvaje, es un capitalismo guerrerista y, lamentablemente, la administración de Donald Trump (presidente de Estados Unidos) ha incrementado las acciones desestabilizadoras, incluyendo el magnicidio, que es parte de una estrategia del imperio", agregó.
Por su parte, Maduro calificó de ilegales e inútiles esas sanciones en las que también se encuentran tres entidades comerciales.
"Hoy el Gobierno de EEUU sacó un decreto nada más y nada menos que contra la primera dama de Venezuela (…) Estoy rodeado de sancionados; gracias Donald Trump por rodearme de dignidad, eso es una medalla aquí, cada sanción es una condecoración para los revolucionarios", indicó el presidente.
De igual manera, Ortega señaló que el ataque a los funcionarios y a las cuentas que tiene el Estado busca que la nación sudamericana no pueda adquirir bienes y servicios directamente desde el Estado.
Desde el año 2008 el Gobierno estadounidense ha sancionado a más de 200 funcionarios venezolanos entre los que se encuentran militares, magistrados, rectores del Consejo Nacional Electoral, ministros, diputados, constituyentes y al propio presidente Maduro.
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Todos ellos han sido acusados de estar involucrados en presuntos actos de corrupción, narcotráfico y violaciones a los derechos humanos.