"Estamos acá para marchar en contra de la corrupción y la impunidad, pero sobre todo en contra del Moralazo", dijo a la prensa Lenina García, secretaria general de una de las agrupaciones organizadoras, la Asociación de Estudiantes Universitarios "Oliverio Castañeda de León", consignó el periódico local Prensa Libre en las redes sociales.
A fines de agosto pasado, Morales anunció que no renovaría el mandato de la CICIG (Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala), que finaliza en septiembre de 2019 y, días después, prohibió el reingreso a la nación de Velásquez.
La Institución del Procurador de los Derechos Humanos informó, en la red social Twitter, que delegados del organismo observaron "el respeto a los derechos humanos y el libre ejercicio de manifestación pacífica en la Plaza de la Constitución en cumplimiento de lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala".
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La CC ordenó al Ejecutivo garantizar el derecho de manifestación ciudadana.
La CICIG fue creada por un acuerdo entre Guatemala y la ONU en 2006.
La comisión de la ONU y la fiscalía general habían pedido el desafuero de Morales en agosto pasado para juzgarlo por financiamiento electoral ilícito.
La Corte de Constitucionalidad otorgó por unanimidad un recurso de amparo al abogado de Velázquez y conminó al Gobierno a que permita su reingreso al país.