La protesta social "es un derecho que se tiene que hacer en cumplimiento de la ley y que tiene que hacerse de manera pacífica", dijo Duque, de acuerdo con información de Presidencia.
El jefe de Estado colombiano indicó que él mismo promueve el diálogo social "en todo el país", para lo cual recorre los territorios y dialoga con las comunidades y con los líderes.
"Si hay un diálogo fraterno, si hay un diálogo sincero, si hay un diálogo de confianza, pues de pronto la protesta no es el camino, la primera opción", expresó el mandatario.
Botero hizo ese señalamiento mientras se refería a las consecuencias que tiene para el país la presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo (paramilitarismo), las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y las bandas criminales.
Las declaraciones del ministro generaron una serie de reacciones en varios sectores y organismos, entre ellos la Defensoría del Pueblo (ombudsman), que señaló a través de la red social Twitter que "el ejercicio de la protesta social es legítimo y necesario en una democracia", y que "vincularla con el accionar de los grupos armados ilegales arriesga a los protestantes y viola el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario".
El ejercicio de la protesta social es legítimo y necesario en una democracia. Vincularla con el accionar de los grupos armados ilegales arriesga a los protestantes y viola el principio de distinción del derecho internacional humanitario. pic.twitter.com/Uqjjxc74YA
— Defensoría delPueblo (@DefensoriaCol) September 14, 2018
Por su parte, el senador de izquierda Iván Cepeda anunció que convocará a Botero a un debate para que explique sus declaraciones.
"Anuncio que citaré al Ministro a debate por semejante afirmación genérica e irresponsable", dijo Cepeda en Twitter.
Botero, quien fue designado en la cartera de Defensa por Duque pocos días antes de asumir la Presidencia, el pasado 7 agosto, causó otra polémica reciente al sugerir que la protesta social debía ser regulada a través de una ley estatutaria.
Según la Defensoría del Pueblo, un total de 343 líderes sociales han sido asesinados en Colombia desde enero de 2016 hasta el 22 de agosto de este año, por lo que diferentes sectores piden que se alcance un acuerdo humanitario que permita detener los asesinatos y darles garantías de protección efectiva a las personas amenazadas.
