En la acción remitida al tribunal, el Gobierno de Roraima pide "suspender temporalmente la inmigración a través de la frontera "Brasil-Venezuela" hasta que el Gobierno central tome determinadas medidas político-administrativas.
El objetivo sería impedir la exposición de venezolanos y brasileños a una potencial epidemia de sarampión, malaria, fiebre amarilla, tuberculosis o hepatitis, entre otras enfermedades citadas.
El Ejecutivo de Roraima también pide la construcción de un hospital de campaña del Ejército exclusivamente para inmigrantes venezolanos que cuente con todas las vacunas básicas, para evitar la proliferación de "enfermedades ya erradicadas en Brasil".
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Además, propone que todos los estados de Brasil asuman una "cuota de refugiados" proporcional a su población y a su Índice de Desarrollo Económico.
Ese dinero iría a un fondo destinado a políticas públicas dirigidas a "reducir los efectos negativos de la inmigración venezolana".
El fiscal general del estado de Roraima, Ernani Batista, explicó en rueda de prensa que no se está pidiendo que se cierre la frontera, sino que se suspenda la entrada de inmigrantes, a pesar de que en la práctica se trata de la misma cosa.
"Queremos que la frontera permanezca abierta, pero que no haya un riesgo para la seguridad nacional, ni para la seguridad interna del pueblo de Roraima", dijo Batista, que subrayó que el objetivo es que no se repitan los incidentes registrados el sábado en la localidad fronteriza de Pacaraima.
El brote de xenofobia, que presuntamente sucedió después de que unos venezolanos robaran a un comerciante brasileño, provocó una reunión de emergencia del Gobierno brasileño y la queja de la Cancillería de Venezuela, que pidió protección para sus ciudadanos.
El presidente Michel Temer ordenó el envío de 120 hombres de la Fuerza Nacional (que empiezan a llegar este 20 de agosto) y el refuerzo de las medidas de acogida que se estaban llevando a cabo hasta ahora, y que las autoridades de Roraima consideran insuficientes.