“TSJ declara procedente solicitar a Colombia extradición de ex fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz”, informó el TSJ en un comunicado divulgado por Twitter.
TSJ declara procedente solicitar a Colombia extradición de exfiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz https://t.co/7AL9Qwat3i pic.twitter.com/qHcOYX8NMc
— TSJ Venezuela (@TSJ_Venezuela) 17 августа 2018 г.
Ortega, fiscal general entre 2007 y 2017, es requerida para ser juzgada en Venezuela “por su presunta participación en los delitos de traición a la patria; usurpación de funciones; uso de documento público falso; uso de sello falso; ocultación y retención; falsa denuncia o acusación y asociación”, dice el texto.
Ortega, una abogada muy cercana al fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) fue destituida de su cargo el 5 de agosto de 2017 en la primera sesión de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y fue acusada de traicionar a la revolución venezolana, porque alertó sobre la ruptura del orden democrático y consideró ilegítima la convocatoria a la ANC.
Poco después, Ortega salió del país y desde entonces se ha dedicado a denunciar al Gobierno de Maduro ante diferentes instancias como la Corte Penal Internacional.
Ramírez, que fue también del círculo más estrecho del chavismo, ministro de Petróleo entre 2002 y 2013 y presidente de la estatal Petróleos de Venezuela entre 2004 y 2013, está acusado de haber montado supuestamente una red de corrupción para modificar el precio de venta del crudo venezolano a cambio de comisiones que le habrían causado al país pérdida por 4.800 millones de dólares.
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Más temprano, el TSJ dio curso a pedidos de extraditar desde Colombia al diputado opositor Julio Borges y a los ciudadanos Rayder Alexander Russo Márquez, Oswaldo Valentín García Palomo, Elvis Arnaldo Rivas Barrios y Carlos Monasterio, todos acusados por las autoridades venezolanas de estar implicados en el atentado con drones del 4 de agosto contra el presidente Nicolás Maduro.
El TSJ también dio curso a pedidos de extradición desde EEUU de Josser López Valero, Osman Delgado y Virginia Antonieta Da Silva-Pío, y desde Perú de Yilber Escalona.
Se imputa a estos solicitados por la justicia venezolana de los delitos de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración en perjuicio del presidente, homicidio intencional calificado en perjuicio de siete oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas, terrorismo, financiamiento del terrorismo y asociación para delinquir.