"Sería muy interesante que el Sr. (Gabriel) Romero indicara a quién y cómo le pagó, porque a mí nunca nadie me pagó nada (…) Al contrario, los problemas judiciales que tengo son por haber afectado intereses económicos (…) muy poderosos que siempre trataron de obstruir las medidas que llevé adelante en beneficio de las grandes mayorías populares", escribió la expresidenta en su sitio web oficial.
Fernández sostuvo que en ese caso su intervención como presidenta se limitó a "lo único que podía y debía hacer: ratificar lo actuado y resuelto por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, dictámenes de la Procuración del Tesoro, aportes del Ministerio de Relaciones Exteriores y, finalmente, la intervención del Congreso de la Nación".
La también senadora consideró que existe un "evidente manejo extorsivo de la figura del arrepentido" en la investigación encabezada por el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli.
Más de una decena de empresarios, que aparecen mencionados en una serie de cuadernos que llevaba un chofer de un exfuncionario de Fernández, comparecieron ante Bonadio y Stornelli, reconocieron haber pagado sobornos a las autoridades y se acogieron a la figura del colaborador para obtener alivios penales.
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Fernández está acusada de haber dirigido durante su Gobierno una asociación ilícita para cobrar sobornos a cambio de contratos de obras públicas.
El lunes, la Policía Federal de Argentina allanó el edificio donde vive Fernández, pero sin ingresar a sus dos departamentos.
El Senado debió suspender el miércoles por segunda semana consecutiva una sesión para tratar el pedido del juez Bonadio para allanar tres domicilios de Fernández, su vivienda en el edificio de la capital argentina y su casas en El Calafate y Río Gallegos (sur).
La sesión no se pudo celebrar por falta de quórum.
