"En este grupo de iniciativas de reformas se considera que va convertirse en delito grave la corrupción, sin derecho a fianza, el fraude electoral, y el robo de hidrocarburos", dijo López Obrador luego de sostener reuniones con el presidente saliente Enrique Peña Nieto y el pleno de la Suprema Corte, la mañana del 10 de agosto.
López Obrador anunció también que va a presentar una iniciativa de reforma del artículo 108 de la Constitución, para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por el delito de corrupción.
Otra reforma a la ley reglamentaria del artículo 127 de la Constitución contempla que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente.
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Las modificaciones a la ley de la administración pública tiene el objetivo de reducir el gasto corriente federal y bajar el salario de los altos funcionarios públicos para aumentar los sueldos de maestros, enfermeras, médicos, policías, soldados y marinos.
"Se bajan sueldos de los de arriba y aumentan sueldos de los de abajo", resumió el líder de la izquierda nacionalista.
El actual presidente mexicano aceptó la petición de López Obrador de enviar proyectos de ley del próximo Gobierno, antes del traspaso de poderes el 1 de diciembre próximo, tales como una nueva cartera contra la inseguridad.
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En la llamada "transición tersa", Peña Nieto aceptó además enviar las ternas de candidatos recomendados por López Obrador para que el Senado elija nuevos fiscal general, y a los fiscales anticorrupción y contra delitos electorales, informó el próximo mandatario.
López Obrador asistió a la reunión con la ministra de la corte suprema en retiro, Olga Sánchez Cordero, que encabezará el gabinete de política interior, y de su consejero jurídico, Julio Scherer.
El próximo Congreso electo el 1 de julio pasado, igual que el próximo mandatario, comenzará trabajos el 1 de septiembre, tres meses antes de la toma de posesión presidencial.