El objetivo de la maniobra fue "utilizar las funciones en el Estado para acceder a información sobre personas vulnerables y utilizarlas para introducir dinero ilícito en el sistema legal del financiamiento de partidos políticos", consignó el periódico citando la denuncia presentada por la fundación La Alameda.
El principal interrogante es determinar de dónde provino el dinero para la campaña, ya que esas personas viven en situación de pobreza y tienen muy bajos ingresos.
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Asimismo, el fiscal Jorge Di Lello comenzó una investigación preliminar sobre este mismo caso, enfocada en una posible violación a ley de financiamiento de los partidos políticos y la afiliación "a prepo" (a la fuerza) al partido Propuesta Republicana (PRO) del presidente Mauricio Macri.
Originalmente la investigación halló 205 personas cuyas identidades habían sido usurpadas, pero luego más personas advirtieron que también figuraban como aportantes a la campaña de PRO, e incluso algunos figuraban como afiliados de esa colectividad desde el año 2006, sin haber pedido ni firmado nunca una solicitud para incorporarse al partido, según la denuncia.
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De momento, ninguna autoridad del Gobierno ni dirigentes oficialistas se han referido a estas denuncias.
