"La Sección de Revisión de la Justicia Especial para la Paz informa que no ha ordenado la libertad del señor Seuxis Paucias Hernández Solarte", conocido como Jesús Santrich, informó ese órgano a través de la red social Twitter.
Al respecto, la JEP precisó que integrantes de ese tribunal arribaron a la casa religiosa Caminos de Libertad, donde permanece recluido Santrich bajo fuertes medidas de seguridad estatal, para cumplir la firma del acta de compromiso que rubrican los desmovilizados y que él no había cumplido.
Sin embargo, a través de esta acta de compromiso el exjefe guerrillero sí buscara pedir la libertad condicional, la suspensión del proceso de extradición por narcotráfico o la suspensión de la ejecución de la sentencia a cambio de ratificar su compromiso con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas.
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La JEP amparó la decisión en su propia normativa, lo que generó la reacción del Gobierno, la Fiscalía General y la Procuraduría, que sostienen que la JEP sólo tiene competencia para definir si Santrich cometió el delito de narcotráfico antes o después de la firma del Acuerdo Final de Paz, pero no para decidir sobre su extradición.
Santrich, uno de los negociadores del acuerdo de paz en La Habana, fue detenido el pasado 9 de abril en Bogotá por agentes de la Fiscalía de Colombia en cumplimiento de una orden de captura internacional con fines de extradición, a solicitud del Departamento de Justicia de EEUU.
Santrich está acusado de un supuesto acuerdo para exportar diez toneladas de cocaína hacia EEUU por unos 15 millones de dólares entre junio de 2017 y abril de este año, es decir, después de la firma del Acuerdo de Paz, por lo que este habría sido incumplido.
Si la JEP determina que Santrich cometió el delito después de la firma de los acuerdos, su caso pasará a la justicia ordinaria, que podrá avalar su extradición a EEUU, donde el exguerrillero afrontaría una pena de entre diez años en prisión a la cadena perpetua.
Santrich y el recién creado partido de izquierda Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común afirman que es víctima de un montaje conjunto entre el fiscal General de Colombia, Néstor Martínez, y el Gobierno de EEUU para afectar la implementación del acuerdo de paz y llevar a los líderes de la antigua guerrilla ante los tribunales estadounidenses.