"Amnistía Internacional exige a las autoridades brasileñas que lleven a cabo una investigación inmediata, completa, imparcial e independiente, que no solo identifique a quienes dispararon, sino también a los autores intelectuales del crimen", subrayó la entidad en un comunicado.
Brasil es uno de los países del mundo donde más defensores de los derechos humanos son asesinados: tan solo en 2017 fueron al menos 58 activistas.
Se trata de "crímenes que frenan la movilización y alimentan el miedo y el silencio en la sociedad", lamentó la organización.
Franco era concejala del Ayuntamiento de Río de Janeiro por el izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL) y su trabajo era conocido por la defensa de los derechos de las mujeres, los negros, los jóvenes de las favelas y periferias y el colectivo LGBT (lesbianas, gais, bisexuales y transexuales).
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Ella y el conductor del coche en el que viajaba, Anderson Gomes, fueron asesinados el pasado 14 de marzo en el centro de Río y su muerte provocó una fuerte conmoción en todo el país y desató manifestaciones multitudinarias.
Un mes después del homicidio la Policía Civil consiguió encontrar restos de huellas digitales en las cápsulas de la munición en la escena del crimen, pero no pueden compararse con el banco de datos de la policía porque están muy fragmentadas, según publicó el diario O Globo.
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El pasado 8 de abril un asesor de uno de esos concejales que había testificado ante la policía fue hallado muerto, pero por el momento no se sabe si el crimen tiene relación con el asesinato de la concejala Franco.
Para este sábado está prevista en Río de Janeiro una marcha que saldrá desde el barrio de Lapa y realizará el mismo trayecto que la concejala realizó en sus últimos minutos de vida, para finalizar en la calle donde fue asesinada, en el céntrico barrio de Estácio.