"Los contratos de producción compartida adjudicados tienen una inversión asociada de aproximadamente 8.600 millones de dólares durante la vigencia de los contratos", dijo en un comunicado la CNH, ente regulador conjunto con las secretarías de Energía y Hacienda (Finanzas).
Los contratos autorizan "la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas someras (menores a 500 metros de profundidad) del Golfo de México a 14 empresas petroleras", entre ellas la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), indica el reporte final.
Durante la licitación de 35 bloques participaron 18 empresas, agrupadas para concursar en forma individual o en consorcio, y "como resultado del proceso, se adjudicaron 16 contratos a 12 licitantes".
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La adjudicación de esos contratos representa un 46% de la oferta de 35 bloques, que es considerado un resultado muy elevado, según los estándares de los mercados petroleros internacionales.
Los resultados confirman "el interés que tienen las empresas de gran capacidad y prestigio internacional por invertir en México lo que fortalece y hace más competitivo al sector de los hidrocarburos", indica el balance oficial conjunto.
Los recursos prospectivos asociados a los contratos adjudicados suman 513 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, que después de las perforaciones exploratorias podrán explotarse en un rango de 5 a 10 años más.
Inversión de largo plazo
Las inversiones son de largo plazo, para explorar y confirmar los mapas sísmicos de dos y tres dimensiones que ofreció el "cuarto de datos" de la CNH.
México produce alrededor de 1,9 millones de barriles diarios de crudo, unos 700 millones de toneles al año.
El Estado mexicano recibirá, en promedio, del "72 a 78% de las utilidades generadas en los contratos adjudicados", y 124 millones de dólares de las ofertas ganadoras, ofrecidos para desempates.
Ese fue el caso de la cerrada competencia de la petrolera rusa Lukoil en consorcio con la italiana Eni, versus la alianza alemana-británica de las empresas Deutche Erdoel-Premier.
Al abrir el sobre de la oferta, el consorcio ruso-italiano ofreció un pago en efectivo mayor para el desempate con 59,82 millones de dólares, para superar los 14,17 millones de dólares de sus competidores.
La modalidad de los contratos licitados es para producción compartida, que asigna como ganador a las propuestas que otorguen mayor participación del Estado.
Los valores de la contienda fueron la propuesta de utilidad operativa para el Estado, el compromiso de inversión adicional y, en su caso, monto en efectivo para desempate, que sumaron un total de 124 millones de dólares.
Los contratos prevén también un esquema fiscal progresivo, que permitiría al Estado percibir un porcentaje mayor de la utilidad de los proyectos hasta de 78% "en caso de que se observe un comportamiento favorable del precio de los hidrocarburos, se presenten eficiencias en costos, o que se descubran volúmenes superiores a los previstos".
"La única autoridad facultada para rescindir contratos es la CNH (ente autónomo del Estado) nada más", respondió el titular del ente regulador, Juan Carlos Zepeda, ante una pregunta sobre la posibilidad de que una recesión de contratos tras elecciones presidenciales del próximo 1 de julio.
Entre las causas para anular los contratos esta "que se abandonen trabajos de inversión, que no se cumpla con los trabajos mínimos, que exista desastre ambiental atribuible al contratista, que exista incumplimiento en un laudo de tribunal, entre otras causas específicas y son solo esas", enfatizó Zepeda.
El Estado mexicano firmará contratos petroleros por 200.000 millones de dólares antes de que finalice 2018 tras la reforma energética, piedra de toque del mandato de Enrique Peña Nieto, que finaliza en diciembre de 2018.
