"La situación de inseguridad en algunas regiones del país, a raíz del proceso de posconflicto, coloca en riesgo real a activistas y defensores de derechos humanos, si uno revisa las cifras oficiales (…) dan cuenta de un incremento desde el 2015 hasta la fecha de alrededor del 25 y 30% cada año", dijo el defensor de los Derechos Humanos en una declaración televisada por la Presidencia de Colombia.
El funcionario agregó que "si bien el problema (de asesinatos de líderes sociales) es real y es serio, los esfuerzos que se están haciendo en Colombia también son serios y rigurosos, y se están ofreciendo políticas concretas para abordar un problema que ojalá logre reducirse a la más mínima expresión".
Agregó que Colombia trabaja en ofrecer políticas concretas para abordar el problema, el cual espera que se pueda reducir de manera significativa a través de "un andamiaje colectivo de defensa, de protección y transitar de la protección individual a la colectiva", el cual impulsa el Gobierno central.
Un total de 213 líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en Colombia desde enero de 2017 hasta la fecha, es decir, justo después de la firma de la paz con la ahora disuelta guerrilla de las FARC, reveló en días pasados la Coordinadora de Cultivadores de Coca Amapola y Marihuana (Coccam).
Al respecto, organizaciones defensoras de derechos humanos, indígenas, campesinos y sectores proclives a la paz han solicitado al Gobierno la implementación de medidas efectivas para la protección de sus líderes.
