"El adelanto de elecciones es algo completamente ilegal, ya es ilegal el adelanto de la convocatoria de las elecciones presidenciales, y naturalmente el adelantar también las elecciones de la Asamblea Nacional es un invento que viola la Constitución Nacional", expresó Bello.
Sin embargo, el Gobierno asegura que los cinco poderes del país deben regirse por la Asamblea Nacional Constituyente, integrada solo por oficialistas debido a que la oposición se negó a participar en la elección de sus integrantes realizada en julio de 2017.
Bello explicó que es necesario destacar que el periodo del parlamento de mayoría opositora no ha vencido.
"La Asamblea Nacional Constituyente tiene potestad para eso, y los periodos de la Asamblea Nacional no se han cumplido todavía, el del presidente de la República vence en 2018, y debe haber elecciones, pero de la Asamblea no está planteado", acotó.
De acuerdo con lo establecido en la Constitución venezolana, a los parlamentarios electos en 2015 les corresponde legislar hasta 2021.
No obstante, el constituyente Diosdado Cabello, el primero en plantear el adelanto de estos comicios, destacó que en Venezuela no existe parlamento, porque este se "autoeliminó".
Cabello hizo referencia a la sentencia de desacato que pesa en contra de este órgano desde julio de 2016, a través de la cual se declaran como nulos e írritos todos sus actos, por desconocer las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, lo que quiere decir que en los últimos dos años Venezuela no ha tenido activos uno de sus cinco poderes públicos.
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El exrector explicó que esto se debe al "autoritarismo" del Gobierno que se niega a reconocer a la oposición un poder tan importante como el legislativo.
"Esto demuestra una vez más que es un régimen autoritario, que se coloca al margen de la Constitución", añadió.
Por otra parte, el experto cree que esas elecciones no serán reconocidas por ningún país de Europa ni de América Latina.
"Ellos lo que buscan es radicalizarse y mostrar su autoritarismo y crear un Gobierno al margen de la ley, lo que van a hacer es empeorar la crisis que ya existe, porque perderán más legitimidad", afirmó.
Desde la elección de la Constituyente en julio de 2017, el Gobierno de Maduro ha hecho frente a sanciones financieras aplicadas por Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, pues le acusan de romper el orden democrático.
Por parte, Maduro asegura que se trata de una estrategia, cuyo único objetivo es sacarlo del poder, para aprovecharse de los recursos naturales de Venezuela, entre ellos el petróleo.