"Al Ejecutivo le corresponde garantizar que la voluntad del pueblo sea respetada y que pongamos en práctica lo que implica, en términos de leyes de política pública, la opinión ciudadana; (por ello) desde mañana se iniciará el proceso de implementación, de puesta en práctica" de las reformas si gana la iniciativa del Gobierno, señaló la jefa de la diplomacia nacional en una entrevista con Radio Pública.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, anunció que dentro de la institución se conformará una comisión especial de nueve asambleístas que estarán a cargo de canalizar la aplicación de las preguntas que, entre otras cosas, implicará la reforma a varios cuerpos legales.
"Nueve asambleístas integrarán esta comisión para que trabajen en los próximos 30 días en la implementación de esa normativa que implica cambios a varias leyes, como la ley de minería, el Código Orgánico Integral Penal y una serie de normativas", señaló Serrano a la prensa luego de sufragar.
En esta jornada, los ecuatorianos deciden si quieren modificar cinco aspectos de la Constitución de su país: la muerte civil a quienes cometan actos de corrupción, la eliminación de la reelección indefinida para todas las autoridades elegidas por voto popular, la reforma al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la no prescripción de los delitos sexuales contra niños y la prohibición de la minería metálica en zonas sensibles.
Asimismo, deberán responder sobre la posibilidad de derogar la ley de plusvalía y disminuir el área de explotación petrolera en el parque Yasuní, una de las zonas ecológicas más sensibles del país, aunque estas preguntas reformarán únicamente leyes menores y no la Constitución.
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Las preguntas 2 y 3 generaron debates y confrontación en las últimas semanas, pues la derogación de la reelección indefinida impediría una nueva postulación del expresidente Rafael Correa (2007-2017), mientras que la tercera pregunta transformaría todo el sistema de control del país con la reforma del Consejo de Participación Ciudadana, órgano encargado de escoger a las principales autoridades de fiscalización.
Un total de 13.026.598 electores están habilitados para sufragar en este proceso, el decimosegundo en la historia del país.
