"No se puede dar una cifra exacta", advertía el ministro Juan Ignacio Zoido, pero "aproximadamente es de 87 millones de euros el coste económico a las arcas públicas de la operación Copérnico".
"Es un alto coste que hemos de pagar entre todos los españoles por culpa del Gobierno independentista que había en Cataluña", se ha excusado en su comparecencia, alegando que "la responsabilidad" de este gasto, es del Ejecutivo independentista.
El ministro también resaltó en su comparecencia el coste económico para Cataluña por el impacto de esta crisis en el Producto Interior Bruto catalán, de menos 1.000 millones de euros según los cálculos del Gobierno de Mariano Rajoy y el descenso del 35% de las reservas hoteleras.
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El operativo contó con unos 6.000 efectivos de la Policía y de la Guardia Civil.
El despliegue policial se prolongó después del referéndum durante más de tres meses en Cataluña, hasta el pasado 30 de diciembre.
El Gobierno catalán cifró en más de 1.000 los heridos por las cargas policiales del referéndum, que suscitaron la crítica de parte de la oposición.
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Sin embargo, en su comparecencia, Zoido ha defendido la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y ha considerado proporcionada la actuación policial.
Además, insistió en culpar a los independentistas, a los que acusó de hostiles en varias ocasiones, además de considerar "violenta" la protesta del 20 de septiembre ante la sede de la Consejería de Economía.
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También se ha quejado de la "absoluta pasividad y nula colaboración" de los Mossos d"Esquadra, la policía catalana, en el operativo policial, por lo que justificó la decisión de cesar de forma inmediata al mayor de la policía autonómica, Josep Lluís Trapero, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.