"Lo que se intentó es tratar de engañar al concierto internacional, y todo por un señor que está perseguido por delitos comunes, dándole estatus de funcionario diplomático para que pueda salir de la Embajada" de Ecuador en Londres, declaró el parlamentario del movimiento CREO, Fabricio Villamar, tras presentar la solicitud de información en la Cancillería.
La canciller confirmó que Ecuador nacionalizó a Assange el 12 de diciembre de 2017 y que días después pidió a Reino Unido su aprobación para que el ciberactivista sea considerado funcionario diplomático, un requerimiento que fue inmediatamente rechazado.
Y aunque la jefa de la diplomacia nacional negó estos hechos en un conversatorio con la prensa a inicios de semana, las filtraciones de los documentos le obligaron a aceptar que el trámite sí había ocurrido.
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Según la ministra de Relaciones Exteriores, la decisión de naturalizar al periodista australiano se concretó únicamente como una alternativa para brindarle "más protección", aunque sus críticos afirman que la intención era lograr que Assange, con estatus diplomático, abandonara la embajada y se trasladara a Ecuador.
A decir de Villamar, luego de obtener la documentación, lo que les corresponderá "es verificar si ha sido legal la naturalización del señor Assange y por eso es importante conocer el procedimiento en cancillería, en la Presidencia de la República y el Registro Civil".
"El país ha sido sometido a una vergüenza mundial al conceder la naturalización a Assange y pretender incluirlo como miembro de la misión diplomática ecuatoriana", agregó el parlamentario al apuntar que "Espinosa debe hacerse responsable por este desacierto diplomático".
Asimismo, los legisladores no descartan la posibilidad de presentar un pedido de juicio político contra Espinosa por "ocultamiento de información".
La secretaria de Estado confirmó que al momento estudian en conjunto con Reino Unido otras alternativas para destrabar la situación del ciberactivista, asilado en la sede diplomática ecuatoriana desde hace cinco años y siete meses.
Una de las posibilidades que se maneja es la de que un tercer país o personalidad medie en el conflicto, aunque hasta el momento se desconocen más detalles.
El ciberactivista rechazaba su extradición alegando que Suecia lo entregaría a EEUU, donde podría enfrentar la pena capital por haber publicado miles de documentos filtrados que eran secreto de Estado.
En mayo de 2017 Suecia anunció el archivo de la última investigación que tenía pendiente contra Assange.
El Gobierno del presidente ecuatoriano Lenín Moreno, ha confirmado que mantendrá la protección al periodista australiano mientras esté en riesgo su integridad.
