También se llamó a Japón a ratificar su compromiso con el desarrollo pacífico y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de seguridad.
El portavoz advirtió así la necesidad de "una mayor vigilancia para resistir con firmeza las temerarias medidas de Japón hacia un militarismo de nuevo estilo".
El Gobierno japonés, que impulsa un rebustecimiento militar, formalizó una actualización de sus normativas sobre la transferencia de equipos de defensa, permitiendo por primera vez en la época de posguerra la exportación de material con capacidades letales a países con acuerdos de seguridad.
El marco legal que limita la capacidad militar de Japón se fundamenta en el artículo 9 de su Constitución de 1947, implementada tras su rendición posterior a la Segunda Guerra Mundial.
En este apartado, el país renuncia formalmente a la guerra y al mantenimiento de fuerzas terrestres, navales y aéreas con potencial bélico. Si bien el Estado cuenta hoy con las Fuerzas de Autodefensa, su operatividad está restringida constitucionalmente a la protección del territorio nacional, prohibiendo el uso de la fuerza militar en disputas internacionales.
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