El Gobierno de Javier Milei decidió escalar a la Corte Suprema su disputa por la reforma laboral, luego de que un juez de primera instancia suspendiera 82 artículos de la Ley de Modernización Laboral impulsada por el oficialismo y aprobada por el Congreso. A través de un recurso de per saltum, la Casa Rosada busca que el máximo tribunal revierta con rapidez la cautelar y restablezca la vigencia plena de la norma.
La jugada apunta a blindar uno de los pilares del programa oficial en materia económica y laboral. En su presentación, el Ejecutivo sostuvo que el fallo del juez laboral Raúl Ojeda afecta la seguridad jurídica, altera el equilibrio entre poderes y supone un avance del Poder Judicial sobre una ley votada por el Congreso. Con ese argumento, evitó el camino ordinario de apelación y fue directo a la Corte.
La cautelar dejó en suspenso varios puntos centrales de la reforma, entre ellos cambios en indemnizaciones, límites al derecho de huelga, modificaciones en convenios colectivos, el banco de horas, el fraccionamiento de vacaciones y el encuadre de los trabajadores de plataformas. También frenó artículos vinculados a tutela sindical, sanciones gremiales y derogaciones como la de la Ley de Teletrabajo.
En paralelo, el Gobierno abrió otro frente judicial para intentar evitar la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2025.
La norma obliga a actualizar salarios docentes y no docentes, becas y partidas de funcionamiento, pero la Casa Rosada sostiene que no cuenta con los fondos necesarios para cumplirla y que su implementación afectaría el equilibrio fiscal, logrado centralmente a partir del fuerte ajuste que también llegó a las casas superiores de estudios.
Ese conflicto entró en una etapa delicada. Esta semana venció el plazo fijado por la Justicia para que el Ejecutivo actualizara salarios y becas universitarias, mientras las autoridades nacionales seguían sin dar una respuesta. Rectorados, gremios y estudiantes advirtieron que, si no se liberan las partidas, convocarán a una nueva movilización masiva en mayo, como ocurrió en las protestas previas contra el ajuste.
A ese escenario se suma otro revés para la estrategia oficial: además de la normativa que dispuso la elevación del presupuesto universitario, el Ejecutivo fue instado a aplicar la ley de Emergencia en Discapacidad —que busca revertir la caída de las partidas giradas desde el Ejecutivo para prestadores de servicios de salud vinculados a las familias afectadas—, que también sobrevivió al veto presidencial al reunir dos tercios de los votos en ambas cámaras.
Así, mientras el Gobierno intenta que la Corte salve su reforma laboral, la Justicia presiona al Ejecutivo para ejecutar gastos que el Gobierno considera incompatibles con su programa de ajuste.
El debate técnico
"Son leyes sancionadas por el Congreso conforme a los mecanismos constitucionales, y una vez rechazado el veto, la ley entra en vigencia y debe cumplirse", explicó ante Sputnik el abogado constitucionalista Félix Lonigro.
En ese marco, remarcó que tanto la de financiamiento universitario como la de discapacidad "tienen plena validez jurídica" y obligan al Ejecutivo a su aplicación.
En el caso de la reforma laboral, el letrado explicó que "hubo varias acciones judiciales, pero la de la Confederación General del Trabajo fue la más amplia y logró suspender más de 80 artículos". Según detalló, "el juez le dio legitimación para representar a todos los trabajadores", lo que hizo que "la medida cautelar se extendiera a toda la ley".
Sobre la estrategia del Gobierno, el abogado señaló que "el per saltum es un recurso extraordinario que permite ir directamente a la Corte, saltando la segunda instancia". Aun así, advirtió que "para que la Corte lo acepte tiene que haber gravedad institucional", es decir, un caso que "afecte a toda la sociedad".
Lonigro también cuestionó el planteo oficial y sostuvo que "el argumento de que un juez no puede frenar una ley es un sofisma". En ese marco, subrayó que "si el Congreso sanciona una ley, el presidente tiene que cumplirla, y si no quiere hacerlo debe acudir a la Justicia". A su entender, "el argumento de que no hay fondos no elimina la obligación legal".
Un creciente costo político
El impacto del caso trasciende los límites del expediente judicial. Consultado por Sputnik, el analista político Santiago Giorgetta sostuvo que "estas decisiones contradictorias son lo que más golpea la imagen de la gestión".
A su entender, "la judicialización profundiza el problema" porque "refuerza la percepción de inconsistencia, más allá de que el relato oficial apunte a frenar trabas judiciales" en un escenario de deterioro de los indicadores del Gobierno.
Según el experto, el caso se inscribe en un escenario marcado por "una caída fuerte en la valoración de la gestión y en todos los indicadores vinculados al Gobierno". En ese sentido, indicó que "uno de cada dos argentinos tiene como principal problema los bajos ingresos" y que "tres de cada cuatro dicen que su situación está peor que hace seis meses".
Al describir el clima social, afirmó que "hay una sociedad muy irritada respecto a la economía" y que "la inflación aparece como preocupación, pero el problema central es que la plata no alcanza". Según explicó, "los ingresos y el empleo pasaron a ser el eje de la percepción social".
Finalmente, Giorgetta alertó que "las complicaciones para el Gobierno van a ir en aumento" y sostuvo que "cuando el Poder Judicial percibe debilidad no suele acompañar". En ese sentido, consideró que "resulta difícil que la Corte respalde la estrategia del Ejecutivo" en este contexto.
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