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Una deuda de "más de 550 dólares por habitante" al FMI pone en vilo el futuro de Ecuador

Ecuador ha consolidado su posición como el segundo mayor deudor del Fondo Monetario Internacional (FMI) a nivel latinoamericano, superado únicamente por Argentina, con una deuda que se aproxima a los 9.500 millones de dólares y un nuevo cronograma de pagos que alcanza su punto más crítico entre 2026 y 2029.
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En el país andino se debate entre la necesidad de liquidez externa y el cumplimiento de metas de austeridad que condicionan su inversión pública. Mientras el Gobierno busca estabilizar las finanzas mediante el aumento de impuestos y leyes de urgencia económica, analistas y expertos advierten sobre una "erosión del margen democrático" y una dependencia estructural que limita la soberanía económica del Estado.

Del alivio al "lastre" financiero

La relación entre Quito y Washington —sede del organismo multilateral— no es nueva, pero ha cobrado una intensidad sin precedentes en la última década. Tras un periodo de distanciamiento, el reingreso del FMI como actor central de la economía ecuatoriana ha transformado el Presupuesto General del Estado en una hoja de ruta marcada por el ajuste fiscal.
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Para febrero de 2026, las cifras oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas revelan una realidad ineludible: Ecuador debe afrontar pagos por más de 43.000 millones de dólares en capital e intereses de su deuda pública total en los próximos tres años.
Para un país que necesita desesperadamente refinanciar sus obligaciones, el aval de un organismo financiero como el FMI es considerado y a la vez cuestionado para así intentar bajar el costo del dinero y evitar un default. Sin embargo, este auxilio financiero tiene un costo que se hace evidente cuando los números de las planillas estatales se confrontan con la realidad social.
El volumen de la deuda no solo es un dato macroeconómico, es una carga que recae directamente sobre la población. Juan Pablo Jaramillo, máster en economía y política comparada y asesor político en la Asamblea Nacional, pone en perspectiva la magnitud del endeudamiento actual con el FMI.

"Ecuador es el segundo país más endeudado con el FMI, solo después de Argentina. En el caso de Ecuador esa deuda asciende a 9.930 millones de dólares, lo que representa alrededor del 8% del PIB. Ecuador es un país de 18 millones de habitantes y eso implicaría que cada ecuatoriano esté endeudado con el FMI en más de 550 dólares cada uno", explica a Sputnik.

Esta situación marca un quiebre respecto al pasado reciente. El analista recuerda que, tras la expulsión del organismo durante el Gobierno de Rafael Correa y el pago total de la deuda, el retorno del FMI en 2018 bajo la Administración de Lenín Moreno inició un ciclo de dependencia que ha perdurado a través de los Gobiernos de Guillermo Lasso y Daniel Noboa.
"La deuda puede ser una ayuda o un lastre. Cuando ingresa para infraestructura, carreteras o educación, es ayuda. Pero cuando solo ingresa para repagos y sostener la balanza de pagos sin generar infraestructura física, se vuelve un lastre. El FMI no presta dinero para que se haga obra, presta cuando los países tienen problemas de balanza de pagos", puntualiza Jaramillo.
Por su parte, Luis Arturo Murillo, internacionalista y analista en cooperación internacional, coincide en que la estructura económica del Ecuador, al ser un país dolarizado, genera una "dependencia financiera estructural".
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"Somos un país dolarizado con un limitante que es la capacidad de generar nuestras propias divisas y con rigideces fiscales profundas. Esto refleja una inserción asimétrica en el sistema internacional. No es que Ecuador quiera endeudarse, sino que su modelo lo empuja recurrentemente a buscar liquidez externa", señala Murillo.

"Lo fiscal es lo más importante"

El cumplimiento de las metas acordadas con el FMI ha impulsado reformas que han impactado el bolsillo de los ciudadanos. Entre ellas destaca el incremento del IVA del 12% al 15% vigente desde abril de 2024. Según el Servicio de Rentas Internas, la recaudación tributaria alcanzó la cifra récord de 21.500 millones de dólares en 2025, impulsada principalmente por el IVA, que ya representa el 75% de los ingresos tributarios destinados al presupuesto nacional.
No obstante, este aumento en la recaudación no se ha traducido necesariamente en mayor inversión social. Jaramillo acuña un juego de palabras para describir la lógica del organismo: "Se dice que FMI en realidad significa Fiscal Is Most Important, o Fiscal es lo Más Importante', pero lo más importante debería ser el bienestar de la gente. Cuando un gobierno prioriza el pago de la deuda, su espacio presupuestario se reduce, y vemos reducciones en educación, salud y seguridad".
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Los medios locales informan que, según datos del Ministerio de Finanzas, el presupuesto del sector salud se redujo en 1.249 millones de dólares entre noviembre y diciembre de 2024. En 2026, las universidades y otras instituciones de la educación superior en Ecuador tienen un presupuesto de $1.523 millones para cubrir sus gastos, según detalla el Presupuesto General del Estado, es decir, es una reducción de alrededor de 99 millones frente a los gastos del 2025.

La erosión de la soberanía

Para los expertos, el riesgo del sobreendeudamiento entra en el terreno de la soberanía política. Murillo advierte que el nivel de compromiso con el FMI genera una "subordinación en la toma de decisiones".
"El principal riesgo es que tenemos una erosión del margen democrático de decisión. Lo que se vota en las urnas no es lo que recibimos realmente cuando existen reformas estructurales impuestas. No significa que el Estado pierda soberanía formal, pero sí la reduce de manera efectiva; hoy nuestra soberanía es interdependiente", afirma el internacionalista.
Por su parte, Jaramillo refuerza esta idea al señalar que el FMI responde a sus mayores acreedores, principalmente potencias occidentales. "El FMI se convierte en un brazo de política exterior de esos países. Muchas veces la deuda pública se ha utilizado como un mecanismo para ejercer control político sobre países pobres y productores de materias primas", añade.

¿Existen alternativas fuera de Occidente?

Ante la rigidez de las directrices del FMI, surge la interrogante sobre otras fuentes de financiamiento. Ecuador ha mantenido una relación histórica de crédito con China, pero los expertos sugieren que es momento de mirar hacia nuevos bloques económicos.
Luis Arturo Murillo propone una apertura hacia el grupo de los BRICS y el Banco de China como contrapeso a la hegemonía financiera tradicional.
"Considero necesario aperturarse a otras fuentes. Acercarse a los BRICS, al Banco de China, que es uno de los más fuertes y le está dando competencia al FMI y al Banco Mundial. Estas acciones nos permiten salir de una hegemonía establecida tras la Segunda Guerra Mundial y alejarnos de esta 'Doctrina Monroe' que se está generando en nuestros territorios", sugiere Murillo.
Sin embargo, el camino hacia la diversificación no es sencillo. Para 2026, el Gobierno de Daniel Noboa prevé necesidades de financiamiento por 12.999 millones de dólares. Ecuador camina sobre una cuerda floja fiscal. La pregunta que queda en el aire, y que plantean los expertos, es si este modelo de endeudamiento recurrente es sostenible o si simplemente está postergando una crisis estructural que el "prestamista de última instancia" no podrá resolver sin sacrificar el bienestar social de los 18 millones de ecuatorianos.
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